Cuatro fiscales fueron pedidos en comisión por ley del gobierno

NATALIA ROBA

El artículo del presupuesto que habilitó a los fiscales a pasar en comisión a Presidencia o al Parlamento puede convertirse en un boomerang. Ahora, el fiscal penal Enrique Moller pidió acogerse al sistema. Otros pueden seguir sus pasos.

Moller, fiscal nacional en lo penal de 4º turno, solicitó pasar en comisión al Parlamento, a pedido del diputado Sergio Botana (Alianza Nacional). El mecanismo que ha sido severamente cuestionado dentro de la Fiscalía, puede provocar una puerta de salida para que decenas de fiscales pasen en comisión a otros organismos.

La solicitud ha sido formulada en aplicación del artículo 13 de la ley de Presupuesto N° 17.930, creado por este gobierno. La norma autorizó el traslado de funcionarios de organismos públicos estatales y no estatales a desempeñar, en comisión, tareas de asistencia directa al presidente de la República, el vicepresidente, ministros, subsecretarios y legisladores nacionales a solicitud de estos.

El Ministerio de Educación y Cultura tiene a estudio el planteo y en los próximos días tomará una decisión. Si su planteo se acepta sería el cuarto fiscal en comisión.

En el primer año de aplicación de la ley de Presupuesto tres fiscales han pasado a desempeñarse en el Parlamento y los ministerios del Interior y de Educación y Cultura. Sin embargo, esta vez se trata del primer pase solicitado por un político no oficialista.

El caso más cuestionado ha sido el de Cecilia Salom, adjunta de la fiscalía penal de 11º turno, profesora de Penal y pareja del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández.

Dos meses después de que la ley fue aprobada, Salom pasó a desempeñarse como asesora del diputado socialista Gustavo Bernini, lo que ha llevado a creer que el artículo fue creado especialmente para ella y en ámbitos judiciales se le llama "Ley Salom". Sobre todo luego de que pasara a formar parte del staff del estudio de Fernández.

Luego, fue el turno del fiscal de Durazno, Fernando Romano quien fue solicitado por el subsecretario del Interior, Juan Faroppa como fiscal Nacional de Policía. Finalmente el fiscal de Paysandú, Carlos Negro, fue pedido en comisión por el subsecretario de Educación y Cultura. Negro se desempeña como asesor de la Dirección de Asuntos Constitucionales.

Si bien los fiscales están impedidos de ejercer la profesión, la ley ha derribado esa prohibición. El texto establece que "durante el período del referido traslado, el funcionario quedará sometido al régimen de prohibiciones e incompatibilidades del organismo de destino, no aplicándosele las correspondientes del cargo de origen".

Los magistrados en comisión siguen cobrando el sueldo de fiscal aunque dejan de percibir algunas compensaciones, como la partida de dedicación. Los fiscales nacionales perciben un salario de $56.000, ya que están equiparados a los jueces de tribunales de apelaciones, en tanto los adjuntos ganan $ 49.000. Según pudo saber El País, Salom cobra $ 7.000 menos.

La situación generada con el pase en comisión de Salom encendió la cólera en sus colegas. Generó suma molestia en el resto de los fiscales, el hecho de que se han enfrentado a ella en audiencias en las que ha asistido en representación del estudio de Fernández como abogada defensora.

Salom se defendió en declaraciones que realizó a El Observador. Alegó que aunque cobra el sueldo de fiscal, no ejerce el cargo y dijo que renunció a los beneficios. Adjudicó la molestia a "un tiro por elevación para mi marido, que es el secretario de la Presidencia".

Debido a las suspicacias que generaría el pase de Salom, el gobierno solicitó antes de que se concretara su pase un informe a la Oficina de Servicio Civil. El organismo -dependiente de la Presidencia de la República- avaló el pase citando como fundamento legal el artículo 13 de la ley presupuestal.

Fuentes de la Fiscalía dijeron a El País que si los pases siguen prosperando puede derivar en el "desarme" del Ministerio Público. Agregaron que el mecanismo es una puerta de salida para que muchos fiscales pasen a ejercer la profesión.

Además señalaron que el fiscal que pasa en comisión no deja su cargo, por lo tanto no se genera una vacante. Señalaron que en el caso de los fiscales del interior que pasaron deben ser subrogados por fiscales de los departamentos vecinos. Si se concreta el pase en comisión de Moller, deberá ser subrogado en forma rotativa por el resto de los fiscales penales.

El diputado nacionalista Jorge Gandini presentó esta semana un proyecto de ley en el Parlamento para derogar el artículo 13 de la ley de Presupuesto. Según el proyecto al que accedió El País, el legislador consideró que el nuevo artículo "cambia radicalmente la situación" y permite ahora "que un funcionario pueda mantener el cargo de origen, cobrar el salario que por él percibe y desempeñarse en tareas que este mismo cargo de origen no le permite".

Gandini señaló además que "el motivo de regresar al régimen anterior, es mantener un funcionamiento sano del sistema, evitando todo posible conflicto de interés entre el ejercicio de dos funciones públicas, e incluso entre una pública y otra privada".

Situación: En comisión

los fiscales siguen

cobrando el salario y

pueden ejercer

El fiscal penal Enrique Moller tiene una larga carrera como magistrado. Primero se desempeñó como juez penal entre 1986 y 1998. En marzo de ese año ingresó al Ministerio Público, primero como fiscal de Aduana hasta abril de 1999, y a partir de esa fecha como fiscal penal de 4º turno, cargo que ocupaba Miguel Langón.

Como fiscal, Moller ha estado en la palestra sobre todo por su actuación en el caso Gelman, en el que pidió el archivo de las actuaciones.

El magistrado opinó que el caso estaba comprendido en la ley de Caducidad. Afirmó que la resolución del gobierno que entendió que ese caso estaba dentro de la norma es un acto administrativo y al haber quedado firme, no puede cambiarlo este gobierno.

Con el mismo argumento pidió el archivo del caso de Gerardo Gatti y Simón Riquelo y de otros que llegaron a sus manos en razón de su cargo.

El fiscal también fue quien pidió el procesamiento del ex ministro de Turismo Benito Stern, por el delito de abuso de funciones en el manejo de los fondos de la cartera. La misma figura se la aplicó al ex director de Aduanas, Pablo Ilarietti por entender que había hecho un manejo arbitrario de los viáticos. La Suprema Corte acaba de sobreseer a Ilarietti en ese expediente.