El Gobierno se plantea construir más cárceles

1/3: Comcar. Siete reclusos compartiendo una misma celda. (El País)

2/3: Cambios. Nuevos módulos carcelarios para alojar reclusos. (El País)

3/3: Destrozos. La situación de Libertad luego de un motín. (El País)

ELENA RISSO

A 15 meses de comenzar la aplicación de la ley de humanización del sistema carcelario, una de las iniciativas centrales del gobierno en esa materia, el "descongestionamiento" de los centros de reclusión, derivó en apenas 198 presos menos.

Ahora el Ministerio del Interior prevé poner en práctica un plan de mejora carcelaria que incluye la construcción de nuevas celdas, la ampliación de prisiones y la capacitación de personal, según consta en un documento de esa secretaría de Estado al que accedió El País.

En el informe "Plan director de infraestructura penitenciaria" de la Dirección Nacional de Cárceles Penitenciarias y Centros de Recuperación, se prevén tres formas de financiación para poner en práctica esos planes: presupuestal, mediante préstamos particulares (que demandarán una "decisión política" que deberán asumir administraciones venideras) o la financiación por particulares.

En ese último caso, se prevé que las obras sean financiadas por inversores, que cobrarían al Estado una "renta" por plazo determinado, para luego pasar a la órbita pública.

Tanto en esa decisión, como en el caso de acceder a préstamos con organismos internacionales, será necesaria una licitación pública para la construcción de los establecimientos y se descarta que puedan participar de las obras personal policial, reclusos o trabajadores comunitarios. No obstante, dependencias públicas o sociales podrán proveer materiales, por ejemplo, las jefaturas ladrillos hechos por reclusos.

En esos casos también se podrá optar por la "atención tercerizada" de servicios como mantenimiento, alimentación, limpieza o lavadero, que podrían prestar empresas locales.

DÉFICIT. Cuando el gobierno del presidente Tabaré Vázquez anunció su voluntad de aprobar esa ley, provocó una de las primeras polémicas fuertes con la oposición.

El oficialismo planteó que con la iniciativa -promulgada en septiembre de 2005- formaba parte de un paquete de medidas para "descongestionar" el superpoblado sistema carcelario. En la exposición de motivos del proyecto, se hacía mención a la "situación de emergencia humanitaria" por la superpoblación en los centros de reclusión, que alcanzaba a 7.500 personas. "Los lugares de reclusión se encuentran totalmente desbordados, registrándose situaciones intolerables de hacinamiento", consignaba.

"Con el hacinamiento brutal que tiene el sistema que hemos heredado, es imposible tener políticas de rehabilitación y cumplir con las normas legales que tenemos obligación de cumplir", indicaba en ese momento el ministro de Interior, José Díaz.

La ley incluyó una batería de normas correctivas para mejorar la situación de reclusos y víctimas de delitos. La disminución de la pena por trabajo o estudio, la creación de un centro de atención a las víctimas y la supresión de la prisión para casos de enfermedad o edad avanzada, entre otras.

El asunto que generó más polémica fue el vinculado a las libertades especiales para procesados por delitos no violentos, tema que centró el debate parlamentario, donde el gobierno anunciaba un cambio en lo que se venía realizando en materia carcelaria con respecto a los gobiernos anteriores.

Algunos legisladores de la oposición, en cambio, insistían en que posiblemente el único modo de disminuir el hacinamiento en los centros de reclusión era construir nuevos establecimientos. Ahora esta idea vuelve con fuerza a los planes del oficialismo.

PLAZAS. De acuerdo al documento del Ministerio del Interior remitido en los últimos días al Parlamento, se prevé la ampliación de centros de reclusión y la unificación de cárceles en el interior, al tiempo que se estima necesario aumentar el personal de seguridad especialmente capacitado. En el informe se consigna que la capacidad carcelaria es de 4.840 plazas, pero que el número de reclusos alcanza a 6.887, lo que deja un déficit de 2.047 plazas.

En el documento se establece que se necesitan fondos extrapresupuestales para "encarar la construcción de nuevas cárceles del interior" y de módulos en el Comcar porque "a pesar de la Ley de Humanización la población carcelaria ha vuelto a superar las 3.000 personas".

También plantea la construcción de un establecimiento de alta seguridad para 50 reclusos. Además, se están buscando predios en distintos departamentos para retirar las cárceles de los centros poblados de las ciudades. La idea apunta a construir establecimientos del tipo de "chacras policiales".

En el texto, aprobado por el ministro Díaz, se definen seis "regiones": metropolitana, litoral, centro, sur, este y norte.

También se prevé incrementar el personal penitenciario y actualizar las normas. De acuerdo al texto, la idea es ajustarse a "las exigencias de la política de rehabilitación".

En las cárceles de Montevideo, Maldonado, Canelones y San José se harán refacciones (ver nota aparte).

En Artigas, Rivera, Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha y Lavalleja, se buscará eliminar las cárceles los centros del centro urbano y construir otros fuera de las ciudades. Los nuevos establecimientos serán barracas de alojamiento colectivo con capacidad máxima de 56 reclusos.

También se prevé unificar las cárceles de Río Negro con Soriano, Durazno con Flores y Florida con Paso de los Toros por la "cercanía" entre ellos.

El 8 de febrero, El País informó que el director de la Defensoría Jurídica Pública, Juan Jacobo, solicitaría una reunión al ministro de Interior, José Díaz, debido a que los defensores públicos se niegan a realizar visitas en las cárceles por falta de seguridad. Recordó que en el pasado un defensor y su secretaria fueron tomados como rehenes. Adriana Berezán, integrante de la directiva de la gremial de defensores, coincidió con esa lectura.

En declaraciones publicadas ayer en el diario Ultimas Noticias, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Alvaro Garcé, dijo que en los últimos 40 años el crecimiento de reclusos llegó a 300%. "En este silo y a pesar de las soluciones que se han dado a través de propuestas legislativas de la Ley de Humanización, no se pudo bajar de 6 mil reclusos en ningún caso y ya en este momento estamos en más de 7 mil y con tendencias creciente", agregó.

Garcé propuso localizar a los presos mediante pulseras, una iniciativa que tendría un costo de U$S 500 mil y que permitiría adelantar las liberaciones.

7.085 - era la cantidad de reclusos en setiembre de 2005, cuando se promulgó la Ley de Humanización del sistema carcelario.

6.887 - era la cantidad de reclusos en diciembre del año pasado, de acuerdo a datos brindados por el Ministerio del Interior.

A finales del año pasado el diputado blanco Jaime Trobo (Herrerismo) volvió a reunirse con el ministro de Interior, José Díaz, para reiterarle una iniciativa que le formuló en 2005: la posibilidad de habilitar la concesión de obra pública para que se construyan nuevas cárceles, iniciativa que se aplicó en Chile, donde se instalaron 16 nuevos establecimientos por esa vía.

"Eso permite que los sistemas carcelarios y los mantenimientos de limpieza y seguridad puedan estar a cargo de privados. Combinando eso con la prestación de servicios y de seguridad que estén a cargo del Ministerio del Interior o quien sea", dijo Trobo a El País.

El legislador destacó que si eso se hubiera puesto en práctica en 2005, ya se podría haber llamado a licitación para la concesión. Díaz, según Trobo, le indicó que se iba a estudiar el tema. "Hemos perdido dos años, ahora vamos a estar arriba para conocer qué tan interesado realmente está", acotó.

En el documento remitido a Trobo, se señala que "se encuentra en proceso la firma" de un convenio con Chile y que se alcanzó un acuerdo de asistencia técnica Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña.

1. PENAL DE LIBERTAD

Finalización de las obras en el celdario central, habilitación de 700 nuevas plazas, construcción de cobertizos entre los módulos "E" y "F", ampliación de la revisoría, construcción de salón de visitas y salas conyugales, finalización del alojamiento para personal, construcción de barraca de mínima seguridad, mantenimiento del sistema de saneamiento y mantenimiento de módulos carcelarios.

2. SANTIAGO VÁZQUEZ

Finalización de la barraca 7, reparación y reforma de un módulo carcelario, construcción de muros divisorios entre patios de módulos, reforma y refacción de local con destino a pagos y atención a proveedores, ampliación y reforma de la Escuela Penitenciaria, reforma y refacción del local de Enfermería.3. CÁRCEL DE SAN JOSÉ Continuación con las obras que habilitarán 100 plazas.

4. CÁRCEL DE CANELONES

Construcción de aula y panadería, refacción y ampliación de cárcel de mujeres, posibles obras para guardias.

5. CÁRCEL DE MUJERES

Reforma y ampliación de servicios higiénicos, ampliación de cocina, mejora de zona de recreo y mantenimiento. 6. CENTRO DE LA TABLADA

Puesta a punto de iluminación exterior, refacción del cerco perimetral, reacondicionamiento de garitas de vigilancia, acondicionamiento de local para la guardia.

7. OFICINAS Y TACOMA

Mantenimiento edilicio.

8. CÁRCEL DE MALDONADO

Reacondicionamiento del sector de seguridad, continuación de obras de revisoría, reparación del cerco perimetral, traslado al exterior del complejo de subestación UTE, y reforma y refacción de instalaciones internas de sanitaria y electricidad.

9. CÁRCEL DE ROCHA

Posible construcción mediante licitación pública de barraca y servicios para mínima seguridad en chacra policial (o en su defecto apoyo con materiales) en la medida que los rubros presupuestales lo permitan.

10. CÁRCEL DE TREINTA Y TRES

Posible inicio de obras mediante licitación del establecimiento de media y mínima seguridad ubicado en zona rural, en la medida que los rubros presupuestales lo permitan.

11.OTROS DEPARTAMENTOS

Apoyo para la adquisición de materiales para mantenimiento mínimo en los establecimientos penitenciarios.