El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) sigue con cautela la información en torno al pedido de condena para ocho frigoríficos en Brasil, entre los que se encuentran dos firmas instaladas en Uruguay, hasta tanto se tenga acceso a la documentación oficial sobre el caso, aseguró a El País el subsecretario de esa cartera, Ernesto Agazzi. Mientras tanto, los frigoríficos mantienen silencio.
Consultado en torno a la actitud que se adoptará desde el Ministerio, Agazzi dijo que hasta ahora no se tomó contacto con la documentación oficial, pero advirtió que la legislación brasileña en materia empresarial es muy diferente a la de Uruguay.
El funcionario dijo al respecto que Brasil cuenta con una ley antimonopolios que es muy exigente con las empresas y les limita, entre otras cosas, el porcentaje de participación en el mercado. "Veremos qué es lo que esos papeles oficiales tienen como significación en el ordenamiento jurídico nuestro", dijo Agazzi.
Por su parte, la Asesoría de Comunicación del Grupo Bertín, en Brasil -una de las empresas en cuestión junto al grupo Marfrig- se llamó a silencio y espera un pronunciamiento definitivo del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) en torno al pedido de condena que involucra a la firma, junto a otros siete frigoríficos brasileños, por formación de cartel y abuso de posición dominante, entre otros cargos.
Ante la consulta de El País, la Asesoría de Comunicación del grupo respondió que aguarda una resolución definitiva del CADE para pronunciarse.
El pedido de condena, que se lleva adelante a través de la Procuraduría General del CADE, se produjo luego de 17 meses de investigación en torno a la actuación de ocho frigoríficos en Brasil, entre los que se encuentran el Grupo Bertin y Marfrig, ambos instalados en Uruguay.
La CADE deberá resolver sobre las acusaciones de formación de cartel de compra, perjuicio a la libre iniciativa y libre concurrencia, dominio de mercado relevante, aumento arbitrario de lucros y ejercicio de posición dominante.
Además de la ocho empresas, el pedido recae sobre cinco ejecutivos que, en función de la confirmación de las acusaciones, deberían responder penalmente ante el Ministerio Público de Brasil, además de ver prohibida su actividad en el país.
En torno a las exigencias que se imponen desde el gobierno a los inversores del exterior que quieren instalarse en Uruguay, Agazzi dijo que para todas las empresas se creó una estructura con la finalidad de analizar los proyectos, priorizarlos y realizar un seguimiento, a la vez que se cambiaron algunos criterios, "sobre los cuales ya hubo repercusiones públicas", aseguró el subsecretario del MGAP.
