El gobierno pretende que 2008 sea el año de las concesiones

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RICARDO SOSA

El gobierno prevé tener listas en el primer trimestre de este año las bases para una nueva ley sobre concesiones para dar un marco general a este tipo de operaciones y a los proyectos público privados.

En 2007 se avanzará en terminar la ley y crear una unidad especializada para que 2008 sea el año de despegue de las concesiones en donde se está abierto en avanzar en varios servicios públicos como los hospitales, escuelas e incluso cárceles.

El equipo económico logró un buen espacio fiscal para subir las inversiones públicas en 2007, pero sabe que en los próximos años será clave el papel de los privados dado que los recursos seguirán limitados.

Los técnicos de gobierno a cargo de estos proyectos ya recibieron expresiones de interés de empresas para las concesiones de servicios públicos, dijeron a El País fuentes oficiales.

La idea central es crear un proyecto general que abarque las asociaciones de empresas públicas con privados y una mejora en el régimen de concesión por iniciativa privada.

Hoy hay un régimen que da beneficios en los llamados públicos a los que presenten un proyecto de concesión. La conclusión es que hay que mejorarlo porque la realidad muestra que la lentitud en los plazos hace que esas empresas "terminen perdiendo su ventaja en la práctica", dijeron las fuentes.

La ley será acompañada por reglamentaciones específicas sobre los distintos casos como el de los proyectos de las empresas estatales con privados, así como el que regule las operaciones donde participen las intendencias.

Los representantes del Ministerio de Economía han expresado que se pretende trabajar "caso a caso" para cada una de las empresas públicas y no una norma general. Esto será discutido hacia dentro de las oficinas de gobierno cuando estén listas las bases de la nueva ley general, comentaron los funcionarios.

Uno de los modelos que se está siguiendo es la ley de concesiones de Chile. El modelo chileno también es analizado para implantar el nuevo sistema de compras estatales.

beneficios. En 2007 se trabajará para capacitar y formar los técnicos que integrarán la unidad de concesiones que comenzaría a funcionar en 2008. La idea es que el Ministerio de Economía integre la unidad para realizar la "evaluación de riesgo" de los proyectos. También habrá un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para los asuntos relacionados con la ejecución de los proyectos de infraestructura. Se integrarán también en cada caso los ministerios "sectoriales" que serán los que identificarán y presentarán los proyectos.

Hasta ahora sólo hubo esbozos de los servicios públicos que se podrían dar en concesión. Los funcionarios consultados pusieron el ejemplo de hospitales públicos y escuelas de tiempo completo además de cárceles. En el caso de un hospital el privado lo puede construir, administrar los suministros y servicios mientras la dirección sanitaria y médica sigue bajo la conducción del Estado. Se evaluó en su momento utilizar esa iniciativa para cuando el Edificio Libertad se transforme en un hospital cuando la Presidencia se traslade al edificio del Palacio de Justicia en la Plaza Independencia. La lógica de las concesiones está muy clara para los ideólogos del gobierno: se logra diferir el pago y no hacerlo de una vez al tiempo que se cuenta con empresas que están especializadas y que pueden lograr mayores eficiencias operativas que el Estado. El gobierno ya recibió propuestas de empresas en Chile y Estados Unidos para participar de estas concesiones. Hubo planteos de una empresa sueca para el caso de hospitales y de españoles para dar un concesión un futuro servicio de tranvías.

Interés: Gobierno

ya recibió iniciativas

privadas para

conceder servicios

AFE discutirá junto a los inversores interesados en asociarse en una compañía de transporte de carga las salvaguardas que tendrá el Estado para incidir en las "acciones estratégicas", aunque tenga una porción minoritaria de las acciones.

El 8 de marzo vence el plazo para que los privados presenten su interés en crear una compañía mixta junto a AFE. Cuando se ingrese a la discusión sobre las bases finales del llamado se evaluarán las potestades del Estado y los casos en que podrá tener poder de veto, dijo a El País el presidente de AFE, Antonio Galicchio.

El funcionario dijo que ya expresaron interés inversores de Estados Unidos, Chile, la India, Hungría, Bélgica y Argentina. También se prevé que las empresas forestales creen un consorcio para participar del llamado dado que buena parte de la suba de la carga corresponderá a ese sector.

El futuro socio invertirá para incorporar 15 nuevas locomotoras y tecnología moderna en materia ferroviaria. Se prevé que se pasará de un volumen de carga de 1,4 millones de toneladas en 2006 a 3,5 millones en el mediano plazo.

VÍAS. Hoy vence el plazo para que las empresas interesadas en la rehabilitación de las líneas férreas de AFE tengan acceso a la información del proyecto. Hubo 32 empresas que accedieron a los datos y ahora AFE prevé realizar el llamado final en la segunda quincena de marzo.

Se rehabilitarán 962 kilómetros -el 50% del total- en dos años con una inversión de U$S 90 millones. Una tercera parte será financiada por la empresa ganadora en un plazo de 10 años. Para el resto se cuanta con recursos presupuestales por U$S 25 millones y con el financiamiento de organismos internacionales.

Un consultor del Banco Interamericano de Desarrollo vendrá a Uruguay para estudiar el sistema de control y formulación presupuestal y elevar recomendaciones al gobierno, dijeron a El País fuentes oficiales. El gobierno tiene en mente introducir cambios en el régimen vigente por lo que se acordó la consultoría. No está previsto que se apliquen cambios en 2007, dijeron las fuentes.

El gobierno recibió a mitad del año pasado un informe de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estudió el régimen vigente y se reunió con autoridades del Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Allí se recomendó que el gobierno central tenga mayor control sobre la ejecución del gasto de los organismos del 220 de la Constitución. Para concretar esa sugerencia se debería introducir cambios a la Constitución dada la autonomía que gozan estos organismos. Los técnicos del FMI recomendaron aumentar los recursos para el control posterior del gasto que realiza la Auditoría Interna de la Nación.