Que todo país defiende ante todo sus intereses es una verdad confirmada una y cien veces, desde hace milenios y desde que la memoria humana ha elaborado esa hermosa área del conocimiento llamada la Historia.
Y ese axioma adquiere aún mayor rotundidad cuando se trata del accionar de una empresa, cuya finalidad es, por definición, la obtención de utilidades.
Pero la defensa de sus intereses, por parte de las naciones y también de los empresarios, debe atenerse a ciertas formas. Cuando de los países se trata, el acontecer histórico también enseña que dicha tutela de los intereses materiales se ejerce por medio de la diplomacia. Es decir, por vías reservadas, necesariamente alejadas del estrépito de la información, de modo de que no obstante el tira y afloje inherente a este tipo de negociaciones y la eventual lesión de intereses ajenos -de otros Estados- atempere la crudeza de ciertos enfrentamientos y se preserve la imagen de todos.
Nada de esto se ha tenido en cuenta por el gobierno argentino ni por la empresa ENCE al descolgarse días atrás, desde la mismísima Casa Rosada, con el impactante anuncio de que la papelera española -que había amagado retirarse- se instalará finalmente en Uruguay, frente a aguas rioplatenses vecinas al delta del Paraná.
Es decir, que lo que es resorte exclusivo del gobierno uruguayo, como es autorizar que un inversor extranjero se instale en su territorio, fue resuelto en acuerdo con otro gobierno, dejando a nuestro Poder Ejecutivo afeitado y sin visita.
Pero no solo fue resuelto de esa manera profundamente descortés con nuestro país.
En lugar de mantener en reserva el acuerdo alcanzado por razones quizás comprensibles, se le dio la máxima publicidad, con una conferencia de prensa incluida y celebrada en la sede del gobierno argentino. Este, de esa manera, proclamó ante el mundo entero su tesis de que las plantas procesadoras de celulosa no pueden funcionar en territorio uruguayo, sin su consentimiento. Que el paso de su autorización previa es elemento indispensable para ese tipo de inversiones (¿o para todas, en general?).
Y la empresa española -muy probablemente con el aval de su gobierno- convalidó la tesis del prepotente "señor K" y su séquito.
Dio a entender, inequívocamente, que la aquiescencia de nuestro gobierno no es garantía suficiente para la seguridad de su inversión. En consecuencia, dos o tres meses atrás había amagado desistir de ella. Pero ahora, con el visto bueno y la "generosidad" de la otra orilla, sí se siente seguro y renueva su intención de realizarla.
El doble mensaje, pues, no puede ser más humillante para nuestro país.
Es mucho más que una grosería. Es, en abierto desconocimiento de nuestra soberanía, un grueso agravio a la dignidad nacional. Se nos ha tratado como a una republiqueta. O, peor aún, como a una provincia argentina.
No diré cómo debió reaccionar nuestro gobierno, además de lo que con razón dijo su presidente, pero sí recordaré la contestación de Artigas al autócrata porteño de 1816, con el país invadido por Portugal: "No venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad".
La necesidad de hoy, mera cuestión de interés económico, es infinitamente menor que la que enfrentaba el prócer. Sin embargo, muchos compatriotas, prefieren hacerse los distraídos y recibir los dólares españoles.
