Juez de estados Unidos otorgó extradición de Juan Peirano

"La evidencia presentada por Uruguay fue más que suficiente para la causa probable por la cual se requiere en extradición", dijo el juez federal estadounidense Ted Bandstra, al fallar a favor de la entrega de Juan Peirano Basso a la Justicia uruguaya.

Seis meses después de que fue detenido en Miami, la Justicia decidió hacer lugar el pedido de la jueza Graciela Gatti, a cargo de la causa del Banco Montevideo desde este año.

Sin embargo, para que el banquero sea entregado a Uruguay pasarán varios meses más, en caso de que los demás órganos jurisdiccionales estadounidenses confirmen el fallo. La defensa apelará.

El juez Bandstra afirmó en su sentencia que Peirano Basso "será extraditado conforme a la legislación de Uruguay para responder a los cargos penales de insolvencia societaria fraudulenta, malversación, estafa".

El grupo de abogados de Miami visitó ayer al banquero en la cárcel para informarle del fallo y explicarle los pasos que seguirán en el proceso.

Diego Camaño, integrante de la defensa de los Peirano Basso en Uruguay, explicó que tienen varias instancias de apelación posible. "Primero recurrirán la sentencia ante una corte de distrito, también pueden hacerlo ante una corte de apelaciones y en última instancia ante la Corte Suprema", dijo.

De todos modos, para que el pedido se concrete la sentencia que dicte la Justicia debe ser remitida al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es el organismo que se encarga de confirmar o rectificar la decisión judicial.

Según explicó el otro integrante de la defensa, Pablo Donnángelo, "la voluntad del Estado la manifiesta a través del Departamento de Estado en función de las pruebas aportadas por la defensa y lo señalado por el fiscal".

Como en todo pedido de extradición, el juez no se pronuncia sobre el fondo del asunto, sino que tras verificar que se cumplieron los aspectos formales, concede la entrega a la Justicia local para que pueda ser juzgado en Uruguay.

confianza. El abogado Víctor Della Valle, representante de 212 ahorristas del Banco de Montevideo, dijo que aunque puede extenderse otros seis meses, "el resultado va a ser el mismo porque la jueza Gatti y el fiscal Rafael Ubiría mandaron todos los requisitos que el tratado entre Uruguay y Estados Unidos requiere, y es eso lo que importa para habilitar la extradición. La inocencia o la culpabilidad se declara en el país que lo está reclamando".

Della Valle explicó que una vez extraditado se tiene que presentar ante la jueza, "ésta le da vista al fiscal y si hay elementos de convicción suficiente lo procesará y correrá la misma suerte de sus hermanos".

Alicia Barbani, una de los representados por Della Valle, declaró ayer sentir "una enorme satisfacción. Y satisfacción personal por haber iniciado y apoyado esta causa".

Della Valle y Barbani estuvieron presentes en la última audiencia por el juicio de extradición y entregaron al fiscal de Miami, Luis Pérez, 8.000 firmas que los ahorristas recabaron en reclamo de la extradición.

El abogado insistió en que "se busque una salida para este grupo que ha quedado sin sus ahorros y buscar una solución transaccional para cortar los juicios de una vez". "Queremos llegar a un acuerdo con el gobierno, porque este gobierno ha mostrado mucho más sensibilidad con los ahorristas, pero esperamos que de las palabras pasen a los hechos, sobretodo ahora que la OEA moralmente obliga al Estado a buscar un acuerdo, porque el Banco Central de la época fue negligente", afirmó.

Prófugo de la Justicia | agosto de 2002

Cuando procesó a los hermanos, Jorge, José y Dante Peirano Basso, el juez Pablo Eguren libró orden de captura internacional contra Juan. El magistrado le pidió a la Policía que publicara su foto para darlo a conocer entre la población.

Juez viajó a EE.UU. | año 2004

El juez Pablo Eguren viajó a Estados Unidos con un jerarca de Interpol para intentar ubicar a Juan Peirano. Un grupo de investigadores privados elaboró un informe que revelaba que residía entre las ciudades de Nueva York y Boston.

Amplían extradición | abril de 2006

El contacto de la jueza de la causa, Graciela Gatti, con dos fiscales estadounidenses que estuvieron en Montevideo, le permitió afinar algunos aspectos formales, para que el pedido de detención y extradición no fuera rechazado.

Detenido en Miami | 19 de mayo de 2006

Juan Peirano Basso fue detenido en la tarde de ese día en el barrio residencial Coral Gables. Desde entonces quedó recluido en el Centro de Detención de Miami. La primera audiencia se realizó el 22 de mayo pero fue aplazada.

Última audiencia | 24 de octubre de 2006

En esa audiencia el juez Ted Bandstra escuchó la posición del fiscal favorable a la extradición, y la defensa de los abogados de Peirano Basso. Pidió además a las partes que le hicieran llegar por escrito sus argumentos para luego decidir.

Los abogados Diego Camaño y Pablo Donnángelo volvieron ayer a pedir ante la Suprema Corte de Justicia la libertad de los hermanos Jorge, José y Dante Peirano. Los defensores aportaron los elementos que presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y las pruebas de que el caso fue aceptado.

El último pedido había sido presentado ante la jueza Graciela Gatti, pero ésta señaló que el órgano competente para otorgarles la libertad es la SCJ. La jueza y el fiscal de la causa afirmaron que la libertad provisional en este momento sólo la puede conceder el máximo órgano de justicia.

El fiscal Rafael Ubiría pidió en el sumario que se les tramita a los procesados una condena de nueve años de penitenciaría para José y Dante, y de siete años para Jorge, por el delito de insolvencia societaria fraudulenta. Para los restantes ex directores del Banco Montevideo, las penas que solicitará oscilan entre los 24 meses de prisión y los siete años de penitenciaría.

El fiscal modificó su imputación para la mayoría de los implicados en esta causa, ya que en 2002 pidió procesarlos por la violación a la ley 2.230 de 1893, que castiga fraude, simulación e infracción a cualquier ley de orden público.

El delito de insolvencia societaria fraudulenta está comprendido en la ley de ilícitos económicos y tiene una pena de entre 12 meses de prisión a diez años de penitenciaría. Este delito se aplica a quien para procurarse "un provecho injusto para sí o para otro, ocultare, disimulare o hiciese desaparecer parcial o totalmente el patrimonio de una empresa en perjuicio de terceros".