Por culpas ajenas

Finalmente, fueron procesados el ex presidente Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco por el homicidio de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, perpetrado en Buenos Aires, treinta años ha, por asesinos argentinos de una feroz banda paramilitar, que operaba con total impunidad en aquella época de terror.

No habiendo podido acceder, aún, al auto de procesamiento, desconocemos los fundamentos jurídicos esgrimidos por el juez dictaminante. Sin embargo, adelantamos opinión en el sentido de que, cualesquiera hayan sido, rechinarán con la evidencia de que el delito está prescripto y de que, al ser juzgado en nuestro país, rige a su respecto la Ley de Caducidad, ya que en su comisión habrían colaborado -por y con finalidades políticas- militares uruguayos.

En consecuencia, el efecto extintivo de dicha ley respecto del ilícito penal en cuestión, impide que éste resucite a fin de responsabilizar del mismo a civiles, como coautores o como cómplices. Ello, sin hacer caudal de los arts. 172 y 178 de la Constitución, en cuyo mérito no es posible juzgar a ex presidentes ni a ex ministros si no han sido previamente desinvestidos de sus cargos mediante un juicio político, ya que sobre esta cuestión hay dos bibliotecas.

De todas maneras, no es nuestro propósito aburrir ni confundir a los lectores con disquisiciones jurídicas de difícil exposición y comprensión, en razón de las naturales limitaciones de un artículo periodístico. Queremos, por el contrario, situar el tema en el terreno de los hechos que ocurrían en nuestro país en el año de 1976, el más horrendo de cuantos nos deparó la execrable dictadura.

Esta, como de sobra sabemos cuantos la sufrimos y a ella nos opusimos, era exclusivamente militar. De allí que nadie creyera en su calificación oficial de "proceso cívico-militar", eufemismo que era tomado a la chacota. Los civiles, incluido Bordaberry y más allá de la mayor o menor importancia de los cargos que ocupaban, eran actores de segundo o tercer rango. Más bien, meros partiquinos de los detentadores del poder. En lo que hacía a la persecución y represión de los opositores -reales o supuestos-, eran simples elementos decorativos. Los militares, en esa materia tenebrosa, no los informaban ni mucho menos los consultaban. Si llevaban gente detenida a los cuarteles, si allí la torturaban y -a veces- la mataban por excederse en los brutales apremios físicos, era asunto de ellos y solo de ellos. Jamás de los civiles.

No está probado, ni mucho menos, que los jerarcas del Ejército hayan propiciado o instigado el asesinato de Michelini y de Gutiérrez Ruiz, los legisladores mártires. Tampoco, que lo hayan acordado con sus siniestros pares de la vecina orilla. Es posible, sin embargo, que así haya sido, aunque cuesta creer que quienes no ultimaron a los principales tupamaros, teniéndolos a su merced, hayan organizado o craneado el homicidio de dos políticos compatriotas, fuera del país.

Pero aceptando que así haya sido, como hipótesis de trabajo, es inverosímil que hubieran compartido su decisión con el presidente nominal y con su canciller. El crimen ocurrió el 20 de mayo de 1976. Y tres semanas más tarde, el 11 o 12 de junio, los militares despidieron a Bordaberry, quien marró al presentarles una propuesta política demasiado fascista hasta para los capitostes del régimen. ¿Qué influencia podía tener sobre ellos, a esa altura? Evidentemente, ninguna. ¿Cuál pudo ser, entonces, su participación -y la de Blanco- en la supuesta decisión del doble crimen en cuestión? También, ninguna.

Lo más probable, en tren de asignar responsabilidades presuntas a jerarcas militares de aquel entonces, es que las mismas estuvieran circunscriptas al Servicio de Inteligencia de Defensa, cuyo jefe era el durísimo general Amaury Prantl, líder de una fracción ultra del Ejército, enfrentada, por ejemplo, a Gregorio Alvarez -a la sazón, Jefe de la Región IV-, a quien solían atacar en un diarucho o semanario de muy infeliz recuerdo. Si esa figura -y los de su siniestro entorno- tuvieron arte y parte en el doble asesinato del 20 de mayo de 1976, por supuesto no le habrán pedido permiso a Bordaberry ni a Blanco para precipitar ambos crímenes.

Esto lo saben cuantos vivieron en aquel tiempo del desprecio y, por oponerse de verdad a la horrenda dictadura, los que a veces se enteraban de algunos de sus entretelones.