Gobierno resiste informar decisiones a legisladores

ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Los parlamentarios tienen dificultades para cumplir una de las tareas más importantes: controlar al Poder Ejecutivo y solicitarle la información que considere necesaria sobre su gestión en el aparato estatal.

El gobierno ha resistido el control que recibe de parte del Parlamento a través de los pedidos de informes que los legisladores de los distintos partidos políticos remiten a los ministerios y organismos estatales. El Partido Nacional ha sido la colectividad que más solicitudes cursó, pero, al igual que las otras fuerzas políticas, no ha tenido suerte en obtener respuestas del Poder Ejecutivo. Existe un malestar generalizado por la falta de éstas.

La ausencia de contestaciones se desprende de los datos que maneja el Parlamento, pues al 1° de noviembre los Partidos Nacional, Colorado, Independiente y el propio Frente Amplio remitieron un total de 777 pedidos de informes desde la Cámara de Diputados.

Los legisladores nacionalistas cursaron 455 (58,5%), mientras que los legisladores de la coalición de gobierno unos 175. Los representantes colorados 143 y el integrante del Partido Independiente sólo cursó cuatro.

Un 45,5% del total de pedidos de informe no fueron contestados por los jerarcas del Ejecutivo o las autoridades de otras dependencias estatales. Este guarismo varía según la cartera, pero, por ejemplo, de los 52 que recibió el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) desde el 1° de marzo de 2005 hasta la fecha, sólo siete fueron respondidos.

De todos modos, no existe un patrón que establezca una relación importante entre el porcentaje de pedidos de informes contestados y la fuerza política que los remitió. Los diputados del Frente Amplio obtuvieron respuestas en casi 60% de los casos, los colorados en un 53%, los blancos en un 52% de los casos y el diputado independiente la mitad de las veces.

Las carteras que más pedidos recibieron fueron el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con 97 - 76 tuvieron respuesta- y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), con 94 -36 tuvieron respuesta-. La que menos recibió pedidos fue el Ministerio de Turismo y Deporte (MTD), con 12 es su haber -dos con respuesta-.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) fue el destino, además, de tres pedidos de informes conjuntos del Partido Nacional y el Frente Amplio. Los tres fueron contestados. El MEF recepcionó y respondió otro que provino de las cuatro fuerzas políticas con representación en la Cámara de Diputados. Entre los pedidos de informe que no contestó el MTOP se encuentra uno que redactaron conjuntamente diputados blancos y frenteam- plistas.

CONFLICTOS. Los ministerios son objeto de pedidos de informe cuando sus autoridades toman decisiones polémicas o insatisfactorias, sobre todo en situaciones de conflicto.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) enfrentó varios textos de los legisladores, especialmente cuando aumentaron las ocupaciones de los lugares de trabajo por parte de los sindicatos. El diputado nacionalista Pablo Abdala (Herrerismo) remitió un cuestionario a las autoridades el 10 de julio. La respuesta le llegó este último viernes y con las respuestas en una sola página.

Por otra parte, la puesta en marcha del Plan de Emergencia y la instrumentación de otros programas sociales de este gobierno merecieron duros cuestionamientos de la oposición, que remitió varios pedidos de informe al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

El diputado colorado Gustavo Espinosa (Foro Batllista) dijo a El País que está molesto por la cantidad de solicitudes que no le fueron respondidas, especialmente las que envío al Mides. "Esto atenta contra la cristalinidad y democratización de la información", sostuvo. "¿Qué es tan preocupante como para que a un diputado no le respondan? ¿Es qué meto mucho el dedo en el ventilador?", se preguntó.

El diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay), uno de los frenteamplistas que más pedidos de informe ha cursado, señaló que está molesto por la falta de respuesta de algunas solicitudes, sobre todo a entes autónomos. Según relató, ha dialogado con los directores de algunas de las empresas públicas para que aceleren los trámites, pero le contestan que el proceso de relevamiento de información tiene sus trabas burocráticas.

Mahía entiende que no se debe abusar de este mecanismo porque se corre el riesgo de "distorsionar" su correcto uso y termina por "desgastar" el relacionamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Abdala tampoco está conforme, ya sea porque no las recibió o porque en algunos casos son "de una vaguedad importante".

Eso le lleva a concluir que "en la actual coyuntura política es un instrumento de dudosa eficacia", más aún cuando "algunas áreas del gobierno tienen la actitud de relativizar la tarea parlamentaria".

El diputado nacionalista Pablo Abdala pretende que caigan los actuales plazos y mejore el nivel de respuestas del Ejecutivo.

El año pasado presentó un proyecto de ley para que disminuyan los actuales plazos con los que cuentan los jerarcas del gobierno para contestar las preguntas que se les remite. Su intención es que de los 45 días iniciales para responder se pase a 30 y que la prórroga que pueden solicitar los miembros del Ejecutivo se reduzca de 30 días a 15 días.