Washington - EEUU mantendrá este año parte de las sanciones contra algunos países latinoamericanos que no han cedido a sus presiones en el tema de la Corte Penal Internacional (CPI), dijo hoy a Efe una fuente del Departamento de Estado.
Washington insiste en que las naciones que son miembros de la CPI deben comprometerse, por medio de tratados bilaterales, a eximir a los ciudadanos estadounidenses que estén en su territorio de la jurisdicción de ese tribunal, que juzga delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
A los que no han aceptado estos tratados, Washington les ha impuesto sanciones.
Sin embargo, por primera vez desde que la Casa Blanca inició su campaña, miembros de las fuerzas armadas de esos países podrán recibir becas para asistir a cursos en centros militares estadounidenses, después de que el presidente George W. Bush y el Congreso revocasen la prohibición a principios de mes.
En América Latina, soldados de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela tendrán acceso a ayudas por un valor total de 405.000 dólares, como parte del en Programa de Educación y Formación Militar Internacional (IMET, en inglés), que de otro modo se habrían negado.
Sin embargo, el Gobierno estadounidense mantendrá otras sanciones contra algunos de esos países, según una fuente del Departamento de Estado que no quiso que se le identificara.
"La exención ordenada por el presidente (Bush) sólo se aplica a IMET. Las otras áreas siguen sujetas a la retención", dijo la fuente.
Por ello, Bolivia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela dejarán de recibir los 28 millones de dólares en "Fondos de Apoyo Económico" contemplados en la propuesta presupuestaria de la Casa Blanca para el año fiscal 2007, que comenzó el 1 de octubre, pero aún está pendiente del visto bueno del Congreso.
Ese dinero se habría destinado a programas de reforma del sistema judicial, el combate a la corrupción y el respeto a los derechos humanos, entre otros.
Además, Washington no desembolsará las ayudas para Bolivia, Ecuador y Perú para la compra de material militar estadounidense previstas en el programa de "Financiación para fuerzas armadas extranjeras", que debía ascender a 75.000 dólares.
La cantidad retenida en ambos programas será baja, porque los países afectados han reducido de forma radical sus solicitudes de ayuda en los últimos años, en vista de las sanciones de EEUU.
Colombia, el mayor receptor de ayuda militar de Washington, ha firmado un acuerdo de Artículo 98 con EEUU, como también lo han hecho Honduras, Panamá y la República Dominicana.
Además, Bush eximió a Argentina de sanciones por motivos de "interés nacional", así como a los miembros de la OTAN.
El origen de la oposición de la Casa Blanca a la CPI es el temor a que se use para procesar por motivos políticos a funcionarios y militares estadounidenses.
Por esa razón, Bush retiró la firma de su antecesor, Bill Clinton, al Tratado de Roma, que estableció el tribunal.
Pero tras algunos años de sanciones, las quejas de que la campaña perjudica los intereses de EEUU se escuchan cada vez más en el Congreso, e incluso en el sector privado.
Las medidas "no han sido significativas en términos monetarios, pero constituyen un error estratégico enorme" al causar enemistad contra EEUU, según David Goldwyn, presidente de Goldwyn International Strategies, una consultora de temas energéticos.
La suspensión de la prohibición de dar las ayudas del programa IMET se debe precisamente a sus efectos de política exterior, como se puso de manifiesto en la última audiencia sobre el tema en el Congreso, y no a un reconocimiento del valor de la CPI.
En esa ocasión, Dan Burton, el presidente del subcomité sobre América Latina, se dijo preocupado por el aumento de la influencia de China en la región y afirmó que Pekín no tendría problema en dar entrenamiento militar a los latinoamericanos si EEUU se lo niega.
Para Golzar Kheiltash, una analista de la organización "Citizens for Global Solutions", la reducción de las sanciones "es un reconocimiento de lo contraproducente que es penalizar a otros países" por cumplir sus obligaciones con la CPI.
"Espero que le siga (a la reducción de las sanciones) una revisión mayor de la campaña", añadió. EFE