La Justicia española frustró ayer las aspiraciones de los uruguayos que pretenden recibir beneficios en ese país, al disponer que no es posible equiparar a los compatriotas a la condición de ciudadanos de la Unión Europea (UE) en lo que corresponde a derechos de residencia y de trabajo.

El Tribunal Supremo español resolvió que los uruguayos no pueden ser equiparados como ciudadanos de la UE, porque deberán estar sujetos a la ley de Extranjería de ese país. La decisión del organismo -de rango equivalente a la Suprema Corte de Justicia- supone que los compatriotas estarán sujetos al mismo régimen que se aplica a los demás extranjeros.

Según datos del Instituto de Estadística español, a enero de 2006 había 73.724 uruguayos viviendo en ese país, de los cuales 22.945 tienen la nacionalidad.

"INCOMPATIBLE". La decisión adoptada por el Tribunal Supremo revocó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana, que establecía que los uruguayos podían recibir los beneficios de los ciudadanos de la UE, sin que estuvieran sujetos a la ley de Extranjería, informó ayer el diario español El País.

El Tribunal Valenciano había dispuesto que de acuerdo al Tratado de 1870 entre España y Uruguay, los ciudadanos de ambos países podían "ejercer libremente sus oficios y posesiones (...) en los mismos términos que usaren los de la nación más favorecida".

Pero, el Tribunal Supremo consideró que dicho acuerdo es "incompatible" con el tratado aprobado en 1992 entre los mismos países. "Ahora son las facilidades para el ejercicio de las actividades y no el derecho a ejercer lo que se pacta", constituyó el organismo judicial.

Por eso, los uruguayos "ni quedan equiparados a los ciudadanos de la UE, ni dejan de estar sujetos" a la ley de Extranjería. Por lo tanto, para que se otorgue un permiso laboral se tendrá en cuenta la situación nacional del empleo.

El fallo se adoptó después que se admitiera un recurso de casación contra la sentencia del tribunal valenciano. En Valencia se había dado la razón a un uruguayo que residía en España. Inicialmente, un juzgado de la provincia de Alicante aprobó la contienda presentada por un uruguayo que había solicitado permiso de trabajo.

Es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre el asunto.

"URGENTE". Al conocerse ayer la noticia en Uruguay, el Partido Nacional resolvió convocar al canciller Reinaldo Gargano al Parlamento de forma "urgente".

El diputado Jaime Trobo (Herrerismo) citará al canciller a la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes y, según indicó, el ministro anunció que comparecerá durante la próxima semana.

Trobo calificó la situación como "un balde de agua fría" para los intereses uruguayos.

El legislador recordó que en su momento hizo gestiones ante el Secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y el director general de secretaría de la Cancillería, José Luis Cancela. Lamentó que el gobierno "no haya hecho nada" durante los meses en que el asunto estuvo en discusión.

Por su parte, el diputado oficialista Enrique Pintado (Asamblea Uruguay), calificó de "mala noticia" la decisión española, pero se mostró optimista en la posibilidad de que continúen las conversaciones entre los dos gobiernos.

"Ya ha habido reuniones por parte de ambas Cancillerías con sus respectivas delegados y tenemos esperanza de que esto dé frutos, porque la decisión del supremo respecto a las negociaciones posteriores que puedan realizar ambos gobiernos, no afecta. Así que nos queda este camino", dijo Pintado.

Agregó que el tema será analizado en la Cumbre Iberoamericana que se realizará en la primera semana de noviembre en Montevideo.

En España, las primeras reacciones partieron del opositor Partido Popular (PP). El diputado Jesús López Medel pidió ayer en el Congreso que el gobierno español analice la posibilidad de introducir la doble nacionalidad a los uruguayos residentes.

"Los efectos para los uruguayos residentes son muy negativos y parece romper definitivamente las expectativas de un reconocimiento pleno del Tratado de 1870", señaló López Medel desde España.

"Es decepcionante haber estado luchando durante tres años por este asunto para que sea un Tribunal el que fije una decisión exclusivamente jurídica, cargándose de un plumazo lo conseguido hasta entonces en diversos tribunales autonómos", dijo el diputado a El País.

ANTECEDENTES. La situación de los uruguayos en España en los últimos años ha pasado por distintas etapas.

En abril de este año, se instaló finalmente una comisión bilateral en Madrid, adonde concurrió el canciller Gargano.

Sin embargo, la instalación de la comisión y la voluntad de ambos países de buscar soluciones para los uruguayos en España no terminó de conformar a muchos de los que residen en ese país.

Por ejemplo, según relataron a mediados de año representantes de grupos de uruguayos que viven en España, los trámites para inscribirse incluyen una serie de trabas que dificulta completarlos.

La cifra de uruguayos en España llegó a 73.724 en enero de este año, según informó el Instituto Nacional de Estadística de ese país. De ellos, hay 22.945 que obtuvieron nacionalidad española.

La mayoría de los que emigraron son jóvenes y de sexo masculino.

La franja más numerosa va desde 30 a 34 años (7.254 se empadronaron en 2005), y luego siguen los que tienen entre 25 y 29 años (7.239), y después quienes tienen entre 35 y 39 años (5.539).

La comunidad autónoma de España preferida por los uruguayos es Cataluña, en particular Barcelona. Hay unos 14.200 uruguayos empadronados en esa zona y 10 mil se instalaron en la capital. La segunda localidad catalana elegida es Girona. Luego de Cataluña, la zona elegida es la Comunidad Valenciana y después Canarias. En Madrid, según los datos oficiales, residen 2.916 uruguayos.

El titular del Departamento 20 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alvaro Portillo, dijo que el fallo era "previsible" y "coherente" con la actitud que ha adoptado el gobierno español sobre el punto.

"Lamentablemente las perspectivas se consolidaron. Quedará la instancia de la negociación diplomática". Portillo informó que a partir del trabajo de la comisión binacional, se están procesando solicitudes de residencia. Hay unas 2.000 pendientes de expedirse.