DEBORAH FRIEDMANN | FEDERICA NARANCIO
Florencia Olmos es una joven de 23 años y de aspecto frágil: rubia, con el cutis pálido y 55 kilos distribuidos en 1.70 metros de altura, cuesta creer que en su trabajo debe cargar con bolsas de 50 kilos, exponerse al riesgo de quemarse con ácido, vapor o sufrir una descarga de corriente eléctrica. Pero con una tímida sonrisa, ella se calza los guantes y el casco y muestra cómo debe cerrar una de las válvulas en la refinería de Ancap.
Florencia es una de las cinco mujeres que entraron por primera vez a Ancap como operadoras de refinería. Ella se desempeña como operadora en la Central Térmica y es la única mujer entre 30 trabajadores. Como estudiante de ingeniería mecánica, entró por concurso en el LATU entre 800 inscriptos en noviembre del 2005.
En la unidad de Central Térmica tuvieron que instalar un baño para mujeres y un vestuario. "Cuando hicimos el concurso nos dijeron que éramos las primeras mujeres en entrar como operadoras de refinería. Pero nos acostumbramos rápido y el ambiente de trabajo es bueno", aseguró.
Como anécdota cuenta que al principio se sorprendía al ver fotos de mujeres desnudas en algunas paredes y notó que al tiempo de su llegada desaparecieron.
Juan, uno de sus compañeros de trabajo, asegura que al inicio les pareció "raro" tener una mujer trabajando con ellos, pero que pronto se acostumbraron e incluso agradecen la presencia femenina. "Hace poco pasé por un lugar donde vi una foto de una mujer desnuda y la tapé", comenta a las risas.
El ingreso de mujeres en el ámbito público en áreas predominantemen- te masculinas y mejor remuneradas se está dando paulatinamente, pero aún a ritmo lento. En la administración central sólo 23% son mujeres, aunque significaron 52% de los ingresos en el último quinquenio. Además, según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) "cobran menos".
EMPRESAS PUBLICAS. En Ancap, de 2.141 funcionarios un 23,21% son mujeres.
En otras empresas públicas los porcentajes son similares: en la Administración Nacional de Correos el 38% de los funcionarios son mujeres y en la Administración Nacional de Puertos (ANP) representan el 20%.
Allí trabajan desde hace más de 20 años Luján Silva (49), Gabriela Barreiro (44) e Isabel Váz-quez (42). Cuando ingresaron la proporción de mujeres en el organismo era de 10%. La tendencia va en franco ascenso, aunque la plantilla general disminuyó notoriamente y pasó de 4.500 trabajadores a 810.
Las tres dicen que siempre las trataron con respeto. Gabriela y Luján realizan tareas administrativas. Isabel actualmente trabaja en la Presidencia del organismo, pero durante varios años estuvo en el área de operaciones. Allí cumplen funciones unas 400 personas. Menos de 10 son mujeres, todas ellas administrativas.
Para Isabel la situación se explica en que actualmente no hay mujeres capacitadas para actividades como operar grúas. En ello influye la edad promedio en la ANP: 52 años.
En tanto, en la UTE, de un total de 6.304 funcionarios, un 25,5% son mujeres.
Al discriminar las cifras según los cargos que ocupan las mujeres en las empresas públicas, se puede observar que en la mayoría de los casos no se desempeñan como directivas. En ANP, por ejemplo, de 164 funcionarias, 21 son profesionales universitarias y el resto desempeñan tareas administrativas. En Correos el 16% de las funcionarias son "jefes" y la mayoría, el 30%, son administrativas. En UTE, de los 264 cargos de mando un 29,5% son mujeres.
Hay excepciones, como es el caso de Antel: de un total de 4.555 funcionarios permanentes un 45,6% son mujeres y en los 337 cargos de dirección, representan un 40,3%.
AUMENTO. En las últimas décadas cada vez entran más mujeres a la administración central (Presidencia y los 13 ministerios).
En 1965, por ejemplo, un 24% de quienes ingresaban eran del sexo femenino, cifra que trepó a 36% entre 1970 y 1974. Tras el retorno democrático volvió a subir la participación femenina y en-tre 1985 y 1989 se ubicó en 45% del total. En épocas más recientes, entre 1995 y 1999 las mujeres fueron 55% de los nuevos emplea-dos públicos y entre 2000 y 2005 el 52%, según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) (ver gráfica).
Después de 1990 hubo una fuerte restricción al ingreso de funcionarios públicos, lo cual trajo aparejado que las políticas tendientes a la participación más igualitaria por género tuviera un efecto amortiguado en relación al total de funcionarios activos.
En la administración central trabajan 20.802 mujeres, el 23,6% del total de los 88.138 funcionarios. Según fuentes de la ONSC hay dos ministerios que inclinan la balanza hacia el predominio masculino: Defensa e Interior.
De los 28.160 militares en el país hay 3.689 mujeres (13%) y de los 25.423 policías el personal femenino es 947 (3,72%).
De todos modos, en la Policía actualmente el 60% de los nuevos efectivos son mujeres.
A nivel general, la mayor proporción son las que tienen entre 46 y 50 años (20,2%), seguidas por las que tienen entre 41 y 45 años (15,4%). La minoría en tanto, son las más jóvenes: el 2,1% tienen entre 18 y 25 años.
Respecto a las funciones que desempeñan, hay tres tipos de tareas que destacan: las especializadas (19,7%), las profesionales (18%) y las militares ( 17,7%).
En materia salarial, "las mujeres cobran menos que los hombres para todos los rangos de edad definidos", según un documento de la ONSC al que accedió El País.
Las principales diferencias en las remuneraciones entre género parecen, de acuerdo al estudio, estar entre incisos y no en el interior de cada dependencia.
En el trimestre octubre-diciembre de 2005 las mujeres que trabajaban en la administración pública en la categoría de empleadas u obreras ganaron en promedio $ 9.732, mientras que los hombres en la misma función percibieron un sueldo mensual de $ 13.885, según el Instituto Nacional de Estadísticas.
Además, en las 15 Unidades Ejecutoras con mejores remuneraciones en el Estado hay 4.458 funcionarios, de los cuales el 48% son mujeres. En el otro extremo, las 15 que tienen menores remuneraciones, hay 13.790 empleados. De ellos, el 70% son trabajadoras, todas del Ministerio de Salud Pública.
TECHO DE CRISTAL. Para Noelia Millán, co-responsable del Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT la situación es clara: existe una discriminación vertical y horizontal de las mujeres en el mercado laboral.
La discriminación vertical es lo que los especialistas llaman "techo de cristal".
"Las mujeres llegan hasta cierto punto de la carrera funcional. Donde entran a jugar capacitaciones especiales, se complica para participar", sostuvo.
En los últimos años esto comenzó a cambiar. En algunas reparticiones estatales empezaron a realizar convocatorias para capacitaciones en las que se da preferencia a mujeres o se pone un determinado número de plazas para el personal femenino.
Según Millán, en empresas públicas hay "muchos casos" en los que trabajan parejas y el que avanza más en la carrera es el hombre.
Otro de los fenómenos es la discriminación horizontal, que consiste en los nichos tradicionalmente femeninos y masculinos. "El de los hombres abarca muchas más tareas. Desde el punto de vista sociocultural se acepta más a los hombres en tareas tradicionalmente femeninas como enseñanza o enfermería que a las personas del sexo femenino en ocupaciones masculinas, como albañilería", afirmó Millán.
Además, consideró que las mujeres están más formadas y sin embargo no acceden a lo puestos con mayor remuneración.
En el Ministerio de Trabajo funciona desde 1997 una comisión tripartita para generar políticas de género. En 2003 elaboró un plan nacional de igualdad de oportunidades, que está a estudio del Parlamento (ver nota aparte).
Por otra parte, antes del inicio de las negociaciones de los Consejos de Salarios el PIT-CNT elaboró un documento con algunas cláusulas de equidad de género que podían ser incluidas. En algunos casos, las gestiones fueron exitosas y se lograron mejoras en igualdad de oportunidades y protección de la maternidad.
Algunas organizaciones trabajan para intentar incluir mujeres en oficios no tradicionales, sobre todo en reparticiones públicas. En la construcción, por ejemplo, las empresas son reticentes a tomar personal femenino. Las cifras son más que elocuentes: hay 70.000 obreros y sólo unas 200 son mujeres, dijo el dirigente del Sindicato Unico de la Construcción (Sunca), Diego González.
Un problema que encontraron es que hay mujeres capacitadas para tareas de albañilería y pintura, que no tenían acceso al mercado laboral. En ese sentido, el Sunca fomentó su inclusión en el plan "Trabajo por Uruguay" del Ministerio de Desarrollo Social y en llamados de intendencias.
A su vez, la asociación Casa de la Mujer de la Unión ha ofrecido cursos para mujeres en pintura y albañilería en convenio con la Junta Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo. La ONG El Abrojo también ha preparado a mujeres para estas tareas. Allí se preparó Daiana (21) en pintura de obra. Gracias al curso trabajó en la reparación de policlínicas en convenio con la IMM y actualmente trabaja en una obra para la cooperativa Compromiso Social.
Un estudio de igualdad política
En el año 2005 fue publicada una extensa investigación que analizaba la participación política de la mujer en el gobierno y si realmente existe la preocupación por mejorar su representación en cargos de decisión política.
Este trabajo, realizado por la investigadora Niki Johnson con la colaboración de la politóloga Verónica Pérez para la Comisión Nacional de Seguimiento (CNS), se denomina "La política de la ausencia", y el marco de análisis fue la presencia de mujeres en la oferta electoral, en los programas de gobierno y en los resultados finales de 2004 y 2005.
Según anticipa este estudio, "los hallazgos científicos evidencian que el sistema político uruguayo no está avanzando hacia una cultura más igualitaria".
Las investigadoras advierten que en lo que refiere a la presencia de mujeres en la oferta electoral, "los partidos políticos no habilitan la posibilidad de listas con mayor número de mujeres, salvo en los casos donde las oportunidades de ganar resultan muy bajas". Sólo en el Partido Independiente había más de un tercio de mujeres.
En los tres partidos principales, las elecciones internas de 2004 no permiten concluir que se "esté avanzando hacia una cultura más igualitaria".
En otro capítulo de la investigación, analizaron la presencia femenina en el nuevo Parlamento, donde un total de 14 mujeres fueron electas como titulares.
Representan el 10,8% del total: en el Senado constituyen el 9,7% y en la Cámara de Representantes el 11,1%. Según las investigadoras, "ya la composición de las listas indicaba que iba a ser muy poco probable que aumentara la cantidad de mujeres en el nuevo Parlamento", y es la primera vez desde el retorno a la democracia que "no se registra un aumento en la tasa de representación femenina parlamentaria".
Cuando el Palacio Legislativo fue inaugurado en 1925 no tenía baños de mujeres. A fines de los `80, el edificio anexo había sido diseñado sin baños femeninos, omisión que fue corregida sobre la marcha.
En el panorama mundial los resultados de las elecciones 2004 colocan a Uruguay en el lugar 81 de los 186 países incluidos en la Clasificación Mundial de Mujeres en el Parlamento de la Unión Interparlamentaria (UIP). "Está muy por debajo del promedio para las Américas (18,9%) y ubica al país en el lugar 13 de la lista de 19 países latinoamericanos".
Los mejor retribuidos
Las cinco Unidades Ejecutoras con mejores remuneraciones son: el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría del Estado en lo Contencioso-Administrativo, la Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Coni-cyt), la Fiscalía de Corte junto a la Procuraduría General de la Nación, y la DGI. La remuneración promedio en estos organismos va desde $ 20.002 hasta $ 77.505 en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En plan de igualdad de derechos
La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la semana pasada el proyecto de ley de "igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres de la República".
La iniciativa será tratada en octubre por el plenario.
El proyecto prevé la elaboración de un plan de igualdades y derechos, que será realizado por una comisión interinstitucional.
La iniciativa había sido remitida por el Poder Ejecutivo, aunque fue modificada por los integrantes de la Comisión.
Al remitir el proyecto en 2005, el Poder Ejecutivo señaló que el 63% de los estudiantes en la Universidad de la República son mujeres, aunque constituyen el 46% del total de la población activa del país urbano.
"Persiste la segregación laboral y de discriminación salarial. La mayoría de las mujeres se ubican en el sector de los servicios, y particularmente en el servicio doméstico. Un gran número de uruguayas trabajan en condiciones de informalidad y precariedad", indicó el texto del Ejecutivo.
Señaló además que la "segregación" en el mercado de trabajo perjudica a las trabajadoras, que continúan "encerradas en algunas ocupaciones de baja calidad".
En ese sentido el gobierno destacó que las mujeres "permanecen al margen de los cuadros gerenciales" y mantienen, fundamentalmente en el sector privado, diferencias con los hombres que realizan las mismas tareas.
