NATALIA ROBA | R. ROSSELLO
Fiel a su estilo, el coronel retirado Gilberto Vázquez comentó mientras aguardaban el fallo: "Los que estamos acá somos los Carlitos". No hubo sobresaltos en el cuarto piso del edificio judicial de la calle Misiones durante la extensa jornada que comenzó a las 8 de la mañana y concluyó poco después de las 17, cuando el juez Luis Charles comunicó su resolución.
Los militares José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, Luis Maurente, así como el ex militar Ricardo Arab y los ex policías Ricardo Medina y Pedro Sande fueron procesados ayer por los delitos de privación de libertad y asociación para delinquir.
El caso que los llevó a prisión fue el de la desaparición del militante de la OPR 33, el brazo armado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Adalberto Soba. El fallo fijó el primer antecedente en relación con el juzgamiento de responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
El juez entendió que sus facultades sólo alcanzaban a este caso, puesto que el mismo fue explícitamente excluido de la Ley de Caducidad por el Poder Ejecutivo.
De manera complementaria al procesamiento, Charles envió un exhorto a la Justicia de Brasil solicitando la captura internacional del coronel retirado Manuel Cordero, otro de los involucrados.
expectativa. La cuadra de Misiones entre 25 de Mayo y Cerrito quedó cerrada para el tránsito desde temprano. Equipos especiales de la Policía establecieron una zona de exclusión con vallado y vigilancia aun desde las azoteas del edificio judicial.
En la vereda se apiñaban los militantes del grupo Plenaria Memoria y Justicia, de la organización Hijos, y algunos reconocidos militantes de la izquierda radical, como es el caso del ex tupamaro Jorge Zabalza. A media tarde, cuando ya era firme la versión de la decisión judicial, volvieron los cánticos y aun los insultos hacia los militares sometidos a la Justicia. Unos diez minutos después de las 17 los celulares de la Policía pusieron sus motores en marcha.
En pocos segundos los seis militares y los dos ex policías fueron introducidos en los vehículos policiales, rumbo a Cárcel Central.
El pequeño tumulto que formaban los militantes se lanzó sobre el vallado. Los más perjudicados fueron los camarógrafos y los reporteros gráficos apostados desde temprano en la exigua franja que dejaba libre el cerco policial, que apenas pudieron manipular sus cámaras para captar las imágenes que entrarán en la historia.
"Bueno, ya está", se limitó a comentar con una sonrisa Luis Puig, de la Comisión de Derechos Humanos del Pit-Cnt. Otros militantes se abrazaban llorando, lisa y llanamente, mientras las camionetas policiales se alejaban. La abogada Hebe Martínez Burlé era una de las que daba rienda suelta a sus emociones. Lentamente, mientras el grueso de las fuerzas tácticas de la Policía comenzaba a replegarse, la rutina volvió a instalarse en la Ciudad Vieja. Dentro del juzgado había terminado una larga jornada de trabajo, cuyos detalles quedarán por ahora en la rigurosa reserva del sumario.
TENSION. El juez Luis Charles escuchó por la mañana los argumentos de la defensa de los militares y policías detenidos.
Los abogados Germán Amondarain y Julio Suárez representaron a Silveira, Vázquez, Ramas, Maurente, Medina y Sande. Tanto Arab como Gavazzo fueron defendidos por sus hijas. En el caso de Gavazzo el criminólogo Germán Aller también se sumó a su defensa. Cuando llegó el turno de hablar para los acusados fue precisamente Gavazzo el que más se extendió en su alegato personal.
Ya sobre el mediodía, el juez Charles y la fiscal Mirtha Guianze se trasladaron al Hospital Militar para interrogar a Ramas y a Maurente. Este tal vez haya sido el momento más tenso de la jornada, en particular cuando le llegó el turno a Ramas.
El coronel retirado comenzó a dirigirse a la fiscal, intentó mostrarle una fotografía en la que se lo veía junto al teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti, quien se quitara la vida el domingo al recibir la citación judicial. Ramas comentó que tenía información "sobre los antecedentes de la señora fiscal". El juez Charles lo interrumpió bruscamente para indicarle que se ciñera al expediente judicial.
De vuelta en la sede judicial, ya sobre las 15 horas, el juez Charles les anunció a los detenidos que les comunicaría personalmente, uno por uno, su decisión y luego se retiró a almorzar. En el carcelaje del cuarto piso, junto a los presos comunes, los detenidos aguardaron resignados.
QUEJAS. "Estas son las cabezas que eligió el Frente Amplio para ganar las elecciones. Esta es la bandera que tuvo y tiene el Frente Amplio. Es una venganza política" dijo a El País, Leda Pascale de Silveira, en referencia al pronunciamiento. Insistió en que su esposo, Jorge Silveira, no participó en la represión en Argentina.
Por su parte, el abogado Germán Amondarain dijo a El País que, a su juicio, el juez se apuró en resolver. "Se trata de cuestiones que ocurrieron hace 30 años y no había ninguna urgencia en resolverlo hoy mismo", señaló. Objetó que el magistrado no hizo lugar a ninguna de las pruebas propuestas por ellos.
Alberto José Mechoso, el hijo del otro militante desaparecido junto a Soba, en cambio, dejó entrever que este era sólo un capítulo de su lucha. "No voy a descansar hasta que aparezcan los restos de mi padre y de todos los desaparecidos", anunció.
Presos 12 años y luego extradición
El delito de privación de libertad, previsto en el Artículo 281 del Código Penal, es sancionado con una pena que va desde un año de prisión a 12 años de penitenciaría. El texto legal lo define como "el que, de cualquier manera, privare a otro de su libertad personal, será castigado...".
El delito de asociación para delinquir, previsto en el Artículo 150 del Código Penal, se define como: "Los que se asociaren para cometer delitos, serán castigados, por el simple hecho de la asociación, con seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría".
Según lo establece el sistema penal uruguayo, cuando concurren dos delitos en un mismo procesado el sancionado con la pena más grave es el que determina el total del tiempo de reclusión. Una vez concluido este periodo, los procesados podrán ser extraditados si así lo resolvieran los jueces. En este momento los magistrados Juan Carlos Fernández Lecchini, Gustavo Mirabal y Aída Vera Barreto estudian tres pedidos provenientes de Argentina en relación con casos de violación de los derechos humanos.
Fuera de Caducidad
El 24 de mayo pasado el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, firmó la resolución 627 que excluyó el caso de la desaparición de Adalberto Waldemar Soba de la Ley 15.848, también conocida como Ley de Caducidad. El texto establece que "declarando que al tenor de los elementos de juicio emergentes, el presente caso no se encuentra comprendido dentro de la hipótesis de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado establecida en el ar- tículo 1° de la Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986".
