THE ECONOMIST

Entramos en un nuevo tipo de guerra; contra la gente que odia la libertad", dijo George W. Bush días después del 11/S. "Peleamos por nuestra libertad". Pero esa nueva clase de guerra parecía necesitar una nueva clase de respuesta, una que, en realidad, redujo la libertad.

Desde 2001, muchos países aprobaron leyes represoras en nombre de la guerra del terror, pero pocas tan entusiastas como las de EE.UU. y Gran Bretaña. EE.UU. primero aprobó el Acto Patriota. Así, el poder de las autoridades para husmear en la vida de los estadounidenses fue ampliado. Los agentes podían, con orden judicial, oír conversaciones telefónicas privadas, leer e-mails, rastrear los préstamos de las bibliotecas, las cuentas bancarias, las historias clínicas, entre otras cosas, sin necesidad de tener una "sospecha razonable". Al mismo tiempo, en una acción aparentemente ilegal, Bush secretamente autorizó su propio programa de vigilancia doméstica. Estaba, dijo, actuando de acuerdo a su capacidad constitucional como comandante en jefe en guerra. Cientos de extranjeros, en su mayoría musulmanes, fueron citados tras el 11/S, arrestados sin cargos, algunos por meses. A miles se los interrogó y se les tomaron las huellas digitales. No se encontró ni un terrorista. Después se creó un campo de detenidos en Guantánamo, que Bush afirmó estaba fuera de la jurisdicción de las cortes de su país. Cientos de presuntos terroristas fueron puestos en un limbo legal, sin cargos, sin acceso a abogados, y sin la perspectiva de quedar en libertad en una guerra sin fin. Otros experimentaron la "rendición extraordinaria": fueron llevados por la CIA para ser duramente interrogados en prisiones secretas en terceros países, donde no accedía ni la Cruz Roja. Bush, esta semana, reconoció la existencia de esas cárceles.

Los militantes por los derechos civiles aseguran que al abandonar los valores que buscan proteger, Estados Unidos y sus aliados corren el peligro de conseguir una victoria pírrica.

Por ahora, aquellos que restringen las libertades parecen tener al público de su lado. Recientes encuestas en EE.UU. y Gran Bretaña concluyen que la mayoría aún siente que sus gobiernos no hacen lo suficiente para combatir el terrorismo.