El laudo arbitral

Ha culminado una segunda etapa en este ya largo y desgraciado conflicto con la Argentina, a causa de la instalación de las plantas de celulosa, que nunca debió haber existido. Sin embargo, el diferendo llegó a dimensiones para muchos inimaginables. De ahí seguramente, la parsimonia del gobierno y su falta de acción durante varios preciosos meses, hasta que no tuvo más remedio que reaccionar.

Por la vía jurídica hasta ahora nos ha ido bien. Primero en la Corte Suprema de La Haya, que no dio lugar a las pretensiones argentinas exigiendo medidas cautelares para detener la construcción de las fábricas. Ahora el fallo del Tribunal Arbitral ad hoc del Mercosur, que da satisfacción a la demanda uruguaya, al determinar que el corte de rutas y el bloqueo de los puentes han sido acciones violatorias de las normas del Tratado del Mercosur. La sentencia hace notar que el gobierno argentino pecó de omiso al no actuar de manera de "prevenir, ordenar y corregir" el accionar de los piqueteros, quienes no permitieron durante largo tiempo la libre circulación de bienes y personas.

Y lo más trascendente, sin lugar a dudas, es que el fallo ha sido por unanimidad. A diferencia de lo ocurrido en Holanda, donde también éste fue contundente, aunque el juez argentino no acompañó la postura de los otros catorce. En cambio en esta instancia el resultado unánime, en un asunto tan complejo y donde dos de los árbitros son oriundos de los países en conflicto, le da al mismo, una enorme firmeza y respaldo. Algo que a su vez le abre el camino para demandar ante el Tribunal Permanente.

Pero como "no se conforma quien no quiere", en la Argentina también se sienten muy conformes y hasta algunos audaces, (inclusive del gobierno), argumentan que han salido victoriosos porque respecto de la segunda parte de la demanda, si bien el Tribunal instó al gobierno argentino a no permitir que se repitan los bloqueos, algo que bien podría volver a suceder, advierte la sentencia que "no resulta procedente en derecho aprobar o promover determinaciones sobre conductas futuras".

Pero queda muy claro que el gobierno argentino no puede tolerar como medida de coerción, "ni co-mo libertad de expresión", como llegó a decir el Ministro Taiana, el desconocimiento de un principio básico del derecho internacional que se encuentra reflejado en el artículo primero del tratado que dio nacimiento al Mercosur

En la vecina orilla hay hasta quienes festejan porque no se le aplican sanciones a la Argentina, cuando esto nunca estuvo en juego ya que no entraba dentro de las competencias del Tribunal. Pero es preferible que así sea. Es mejor que el gobierno argentino pueda hacer alarde de que le fue bien y que no cunda el descontento entre los beligerantes.

Porque lo de verdad importante es que haya en la Argentina y en Uruguay la suficiente voluntad política para encontrar una vía de acuerdo, retirándose del campo judicial. Que se pueda encontrar una solución y que los magistrados de La Haya finalmente puedan desentenderse de este problema. Para ello el Uruguay debe trabajar con habilidad, para formar opinión pública a favor, sobre todo en el país vecino. Sin por ello dejar de actuar en otros terrenos, si la Argentina continúa con sus acciones de sabotaje a los emprendimientos, tal como ya lo han hecho desde su Ministerio de Economía y el de Medio Ambiente, en los círculos financieros internacionales, en el intento de frenar los créditos que han pedido las empresas inversoras.

A su vez, también importa que nuestro país sea diligente en el campo de la protección medioambiental y dé buenas señales de ello. En ese sentido es primordial que se produzcan los informes que falten, así como lo es que haya comenzado un monitoreo de las aguas del río Uruguay, aun cuando sea de manera unilateral. También lo será el nuevo estudio técnico que realizan especialistas canadienses de primerísimo nivel, según se ha sabido, que estará pronto dentro de unos meses y muy posiblemente sea un buen espaldarazo a la posición uruguaya.