Las radios del interior exhortaron a las autoridades a cumplir las normas para evitar el funcionamiento de las emisoras ilegales. Además pidieron al Parlamento que rechace el proyecto de ley que impulsan.
Luego de un procedimiento judicial que se llevó a cabo en una radio ilegal de Castillos en Rocha, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias responsabilizó a la Asociación de Radios del Interior (RAMI).
Ello motivó que RAMI respondiera con otro comunicado en el que afirmó que se trató de "una actuación irreprochable hacia una radio pirata que causaba graves interferencias en la zona y que fue denunciada previamente por los vecinos ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec)".
La Amarc se quejó por la actuación policial que calificó de "violenta", pero RAMI afirmó que omiten mencionar que la persona responsable de esa radio, recibió al juez "con insultos y esgrimiendo un hacha con intenciones y acciones amenazantes hacia la autoridad", lo que motivó que los policías actuantes debieran reducirla y esposarla. "Verdadera violencia parte de la promoción de actividades ilegales en la República, causa y no efecto de la orquestada acción de una verdadera asociación para promover ilegalidad y violar la normativa vigente", expresó RAMI.
80 RADIOS. Según indicó el comunicado sólo en el interior existen más de 80 radios sin la debida autorización del Poder Ejecutivo. Además denunciaron la "flagrante omisión" de la Ursec, que es el organismo creado para hacer cumplir la ley, y destacaron el papel de la justicia de Castillos.
Las radios señalaron que la Amarc "ha sido y es la principal promotora de la proliferación de radios ilegales, impulsando con apoyo técnico, ideológico y económico extranjero su establecimiento y ahora su posterior blanqueo, a través de un proyecto de ley, insostenible por su contenido y ajeno a los legítimos intereses de las radios formales".
Asimismo, concluyeron que es un "proyecto fatídico" para las radios legalmente establecidas.