Mientras los registros de la Dirección de Necrópolis de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) indican la existencia de 12 movimientos de restos de un sepulcro del Cementerio Central, los ex titulares del panteón reclamaron que allí había 25 ataúdes y urnarios, entre ellos los de sus padres.

Hace seis meses, dos conocidos empresarios de Carrasco denunciaron ante la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) la desaparición de cuerpos de sus familiares que se encontraban en el panteón No. 61 de dicha necrópolis.

El martes 1°, el municipio inició una investigación para dilucidar si hubo o no responsabilidad de algún empleado del Cementerio Central en el hecho denunciado.

En la tarde de ayer había ocho urnas dentro del sepulcro No. 61 del Cementerio Central. Dos de ellas contenían los restos de personas fallecidas en 1959 y en 1977 y sus nombres no coincidían con los de los denunciantes.

Fuentes municipales explicaron a El País que esas urnas habían sido trasladadas hacia el Cementerio del Norte y luego restituidas al Central por una orden emitida por la dirección del servicio municipal.

PROBLEMA. Las diferencias entre los denunciantes y los registros municipales sobre los traslados de cuerpos comenzaron con un remate de los derechos sucesorios de dos de los tres titulares del sepulcro No. 61 del Cementerio Central. En la subasta, una interesada adquirió los derechos sucesorios de los dos empresarios de Carrasco.

Tiempo después, la compradora se presentó en otro juzgado y alegó que se encontraba en estado de extrema pobreza y que deseaba vender el panteón.

El magistrado autorizó la venta del sepulcro.

La propietaria del panteón contrató luego a un abogado y le presentó el título del panteón.

El documento establecía que el bien era "sin gravámenes", es decir, que la nueva titular podía disponer del traslado de los cuerpos allí existentes.

Poco después, la titular llamó a un albañil para que reparara y pintara el panteón adquirido porque deseaba desprenderse del mismo.

La normativa municipal establece que el traslado de restos humanos debe hacerse mediante una condición básica: los cuerpos o restos de un sepulcro no pueden ser abandonados sino que deben ser derivados a otro panteón o a un nicho.

Sin embargo, la nueva titular del sepulcro No. 61 dispuso que las urnas que allí se encontraban fueran a un urnario que alquiló en el Cementerio del Norte.

A partir de ese momento, la compradora reunió todas las condiciones para concretar la venta del sepulcro No. 61: poseía el título de compra de los derechos sucesorios del bien; este se encontraba vacío y arreglado y contaba con una orden judicial que la autorizaba a venderlo mediante una subasta.

Días antes de la fecha del remate, los dos empresarios presentaron ante la comuna la denuncia por el traslado de los restos de sus familiares, alegando que su hermana poseía el 33% de los derechos del panteón. Por lo tanto, el traslado de los restos de sus padres y otros familiares no habría sido regular, indicaron.

Según las fuentes de la IMM, los denunciantes también señalaron que en el sepulcro se encontraban 25 cuerpos.

Los fallecimientos de esas personas habrían sido registrados en un libro llevado por parientes.

Las diferencias entre particulares que reclamaban derechos sobre el panteón motivaron que el remate del bien no se efectuara.