Lata de pueblo

RICARDO REILLY SALAVERRI

El pueblo tiene su lata para que le metan mano. Para eso están los impuestos y la burocracia. De ello bien que sabe desde el comienzo la Intendencia frentista, que gasta la plata de las contribuciones y las patentes entre otros ingresos, para alimentar a sus privilegiados cargos de confianza y gorda burocracia.

Recibió a la Intendencia en 1990 de los colorados con abultado superávit y protegida desde entonces por el estilo "cosa nostra" que le dan las mayorías de la junta departamental de las que se ha beneficiado, ha generado el déficit más grande concebible.

Así es que se ha armado un negocio magnífico, al que no son ajenas otras instituciones estatales. A saber: se absorbe la sangre de los vecinos contribuyentes, se satisfacen las demandas de los sindicatos y los empleados públicos y correligionarios beneficiarios, cuya productividad y esmero, no van a recibir por cierto ninguna medalla de oro internacional, y se promueven actividades que contribuyan al clientelismo político (a lo que suman los ambulantes, los carritos y los puestos de chorizo) y los canales propios de televisión que suman a la campaña política y al acomodo de correligionarios. Un resultado está asegurado, el canto de murga -que se nutre también con respaldo del óbolo ciudadano- agraviará hasta el hartazgo a los adversarios políticos y elevará su voz en beneficio de la gestión compañera.

Cuando una empresa privada celebra un convenio colectivo con representantes de su personal, está asumiendo un riesgo que si le sale mal, se volcará sobre su propio emprendimiento y le dolerán en su lomo los perjuicios que la imprevisión pueda acarrearle.

Quienes siendo empleados públicos con responsabilidad de administración, arreglan con los sindicatos, en este caso con el del gremio municipal de Montevideo, no se están jugando su plata sino la de los contribuyentes. Aquí la generosidad pública, se solventa en Montevideo, metiendo la mano en la lata de la población.

En países sometidos a los vaivenes de la economía internacional, como el nuestro, y a sacudones de los vecinos, solo un inconsciente puede celebrar convenios salariales de largo plazo, porque si la economía y los negocios se vienen abajo no hay con que pagarlos. En este caso, los empleadores privados no tienen lata para meter la mano como no sea la propia y quedan sin solución cuando se toca fondo.

Por lo demás, un convenio tiene que tener cláusulas que permitan su revisión si las circunstancias generales cambian ("rebuc sic stantibus"). El disparate firmado por los frentistas en Montevideo, hay que deducir que no previó la suspensión o extinción del convenio si las realidad se alteraba radicalmente como efectivamente ocurrió.

Pues bien, con el convenio ya firmado, por la crisis del 2002 los inmuebles pasaron a valer nada y el mercado automotor se hizo pomada. No obstante los impuestos y aumentos salariales por índice de precios y recuperaciones salariales de los municipales encerrados en una torre de marfil, por imperio del acuerdo debían seguir creciendo en términos reales, pulverizando cualquier proyecto de obras a favor de la comunidad.

A esta altura cuando se está viendo cómo se traslada al pueblo el pago del desaguisado oficialista, lo que corresponde es que los 12 o 14 o 20 millones de dólares se los hagan poner a los jerarcas responsables del lío según los artículos 24 y 25 de la Constitución. Si es que todavía rige. Veremos.

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El convenio salarial

de la Intendencia

de Montevideo ha

sido un despropósito

y una metida de

mano en la lata

de la gente.

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