Crece rechazo patronal a decreto oficial

Que nunca se toma un lugar de trabajo en forma "pacífica"; que el decreto no es un "instrumento jurídico hábil" para regular las ocupaciones; y que es "claramente inconstitucional" considerar esta medida sindical como parte del ejercicio del derecho de huelga. Esos son los tres principales argumentos que usará la Cámara de Industrias para impugnar el decreto de prevención y solución de conflic- tos, recién aprobado por el gobierno, según un informe elaborado por uno de sus asesores, Gonzalo Aguirre.

La gremial envió ayer una circular a sus asociados don- de recomienda "muy especialmente" que también "procedan a impugnar" el decreto ya que "es necesario" que "todas las empresas afectadas lo hagan, invocando un derecho subjetivo propio".

La Cámara de Comercio y Servicios también resolvió esta semana sumarse a la decisión de la Cámara de Industrias y actualmente "prepara la fundamentación", dijo a El País el presidente de la gremial, José Luis Puig. Otras cámaras empresariales podrían hacer lo propio y, de hecho, el próximo miércoles los presidentes de buena parte de las gremiales mantendrán una reunión en la sede de la Asociación Rural para abordar el tema.

TIEMPO. El plazo legal para interponer recursos administrativos vence el próximo 20 de junio, ya que el texto del nuevo decreto fue publicado ayer en el Diario Oficial. El Poder Ejecutivo cuenta con 120 días para responder el escrito. Si lo rechaza -o si directamente no contesta-, las cámaras pueden solicitar la anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El informe presentado por Aguirre indica que el Poder Ejecutivo "está socavando los cimientos de nuestro Estado de Derecho" al reconocer la ocupación como una medida legal. El asesor indica que "los principios fundamentales de la Constitución" son "frontalmente desconocidos" por el decreto. Y agrega que el gobierno también "está ahuyentando" del país a los inversores extranjeros, cuyos emprendimientos se precisan "con urgencia".

La Cámara de Industria cuestiona en particular el artículo cuarto del decreto, que reconoce la ocupación como "modalidad del ejercicio del derecho de huelga", y a la vez indica que debe realizarse en forma pacífica bajo ciertas reglas establecidas.

En ese sentido, la gremial marca "tres objeciones básicas". La primera es que el decreto "no es instrumento jurídico hábil para regular" el tema, ya que los derechos de rango constitucional "sólo pueden ser regulados por leyes fundadas en razones de interés general". Aguirre recuerda que inicialmente el Poder Ejecutivo había pensado en una ley y no en un decreto.

La cámara también dice que es inadmisible calificar de "pacíficas" las ocupaciones, ya que -aunque se realicen sin actos de violencia física y sin dañar instalaciones y maquinarias- son actos violentos "por definición" y "se ejecutan contra la voluntad de los propietarios de los locales, arrasando sus derechos".

Por último, el informe establece que la "consagración" de que las ocupaciones son una forma "legítima" de ejercicio del derecho de huelga es "claramente inconstitucional" .

La cámara afirma que el decreto "lesiona gravemente los derechos de propiedad y al trabajo, así como las libertades para ejercer el comercio o actividades industriales". Establece que cualquier ocupación "quita al propietario del local la posesión, el uso y el goce de su inmueble, no le permite mantener en funcionamiento su empresa e impide a los no huelguistas el ejercicio de su derecho a trabajar en la misma".

Y menciona que el "supuesto" derecho a ocupar lugares de trabajo "no está reconocido" por la Constitución ni por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

LUZ VERDE. En su introducción, el informe de la Cámara de Comercio asegura que desde hace aproximadamente un año existe "un fenómeno desquiciante de las relaciones entre patronos y trabajadores". Así, agrega que la ocupación "ha sido tolerada y hasta fomentada por el gobierno" después de derogar el decreto que facultaba a la fuerza pública a desalojar a los ocupantes a solicitud del empleador.

La cámara considera que eso significó una "luz verde" a favor de los sindicatos, que se lanzaron en una "escalada de ocupaciones" con el apoyo "explícito y hasta directo" del Pit-Cnt. Según la gremial, el gobierno "ofició de espectador", "convalidando" las acciones gremiales.

Aguirre

Las ocupaciones han sido "toleradas" y "hasta fomentadas" por el gobierno