Reclaman a Justicia que castigue a responsables del segundo vuelo

Las tres denuncias presentadas ayer por los abogados que llevan causas de derechos humanos piden a la justicia que se indague a los mandos civiles, mando militares del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como a los jefes de la Policía, por los homicidios de Hugo de los Santos Mendoza y de Horacio Ramos Bentancor y por el segundo vuelo clandestino que trajo detenidos de Argentina, en octubre de 1976.

Las denuncias a las que El País accedió, si bien dan nombres mencionan a los mandos en general con la intención de que la justicia determine hasta qué grado alcanzó su responsabilidad. Un denominador común de los tres casos es el ex comandante Gregorio Alvarez. Pero para identificar a otros mandos, se solicita a los ministerios de Defensa y del Interior que informen a los magistrados los nombres y cargos de los responsables de esa época.

Los doce abogados que presentaron las denuncias afirman que los mandos crearon y dirigieron una estructura organizada de poder "para cometer los más aberrantes crímenes contra centenares de personas detenidas, amparados en la impunidad de la condición jerárquica que ostentaban".

En una conferencia de prensa que los abogados y familiares de detenidos desaparecidos dieron ayer en Serpaj explicaron el alcance de la demanda. Los abogados son Oscar López Goldaracena, Graciela Romero, Guillermo Payssé, Pablo Chargonia, Walter de León, Pilar Elhordoy, Juan Errandonea, Ruben Waisrub, José Luis González, Javier Miranda, Hebe Martínez Burlé y Jorge Pan.

SIN CADUCIDAD. Sostienen que los mandos militares y policiales no están amparados en la ley de Caducidad, sino que lo están los funcionarios militares y policías que cometieron delitos por motivaciones política o en cumplimiento de sus funciones, pero se requiere que sea en ocasión de acciones ordenadas por los mandos.

"Lo que no se quiere amparar son las acciones o delitos cometidos por móviles políticos o en cumplimiento de las funciones cuando se actuó en forma individual, con una conciencia y voluntad autónoma a la de los mandos naturales", afirmaron, y añadieron que la norma no ampara a quienes ostentaban la máxima posición institucional en el aparato organizado de poder", es decir, los comandantes de las armas y los jefes de Policía.

De acuerdo con ello, consideran responsables a los mandos por la teoría del dominio del hecho, que extiende la responsabilidad a quienes ostentan cargos jerárquicos en la estructura militar y policial aunque no participen personalmente en el delito.

Además mencionaron que su responsabilidad en actividades "antisubversivas" está reconocida por el Ministerio de Defensa, por la Comisión para la Paz, por los comandantes en la carta del 18 de mayo pasado, y en el informe que los comandantes entregaron el año pasado al gobierno.

También afirmaron que los delitos deben ser analizados en el marco del derecho internacional de los derechos humanos calificados como delitos de lesa humanidad, por incluir la práctica sistemática de torturas y desapariciones forzadas y homicidios políticos. La denuncia agrega que aunque se entendiera que la desaparición de personas no está tipificada en la legislación nacional, el Código Penal incluye el delito de privación de libertad que encuadra en el hecho.

En relación a la denuncia del segundo vuelo, que estará a cargo de la jueza Gabriela Merialdo y la fiscal María del Huerto Martínez, los denunciantes pidieron que se indague las circunstancias de dicho vuelo, quiénes eran las personas que fueron transportadas, y establecer el castigo de los responsables.

Entre las pruebas que reclamaron, solicitan que se cite a todos los mandos contemporáneos del 76, a los mandos que en el año 2005 elaboraron el informe que entregaron al Ejecutivo, y en calidad de indagados al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, que confirma la existencia del vuelo y que fue co-piloto del mismo, así como a todos los tripulantes del mismo: el ex comandante José Pedro Malaquín, co-piloto del segundo vuelo, al mayor Walter Pintos, piloto del segundo vuelo; al coronel aviador Uruguay Araújo Umpierrez que coordinó el viaje y al capitán Daniel Muñoz, tripulante del mismo.

SOBRE LOS 22. Además pidieron que declare el periodista Roger Rodríguez, que denunció la existencia del segundo vuelo, los diez ex comandantes en jefe del Ejército que publicaron la carta el 18 de mayo, y se recabe el testimonio de ocho personas que fueron trasladadas ilegalmente en el primer vuelo.

Si bien la denuncia es presentada por los familiares de cuatro desaparecidos que son María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Ary Cabrera Prates y Juan Pablo Errandonea Salvia, piden que se investigue el destino y paradero de las 22 personas que "habrían sido trasladadas con los ojos vendados y encapuchados; ignorándose su suerte posterior, habrían sido muertos y sus restos enterrados en territorio uruguayo".

Los denunciantes afirmaron que esas personas habrían permanecido recluidas en el SID, y si se confirmara que fueron ejecutados, se estaría frente a la existencia de ejecuciones masivas en el marco represivo de la dictadura militar.

En la denuncia del segundo vuelo clandestino se menciona concretamente los casos de María Emilia Islas de Zaffaroni, Juan Pablo Errandonea, Juan Pablo Recagno y Ary Cabrera, secuestrados en Argentina entre el 4 de abril y el 2 de octubre de 1976. Todos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), estuvieron detenidos clandestinamente en Automotoras Orletti y su desaparición fue confirmada por la Comisión para la Paz.

Islas de Zaffaroni fue detenida por personas vestidas de civil que utilizaron automóviles sin chapa. De acuerdo al informe de la Comisión para la Paz fue detenida momentos después de su esposo, y luego de allanar, robar y destrozar la casa, esperaron dentro para apresarla junto a su hija Mariana.

Recagno fue detenido por doce hombres fuertemente armados y vestidos de civil en un bar, fue esposado, despojado de sus efectos personales e ingresado a un automóvil Ford Falcon.

Lo llevaron con los ojos vendados a un lugar llamado "La base".

Cabrera fue detenido el 5 de abril de 1976 en su domicilio. Había estado encarcelado bajo el régimen de medidas prontas de seguridad en 1968 y 1970. Según el relato de los vecinos, fue sacado de su domicilio luego de un tiroteo del que quedaron rastros en las paredes.

Errandonea fue secuestrado el 26 de setiembre de 1976 en la vía pública, junto con Raúl Tejera como parte de un operativo represivo contra el PVP, realizado conjuntamente por fuerzas argentinas y uruguayas.