Los sindicatos y estudiantes franceses convocaron el miércoles una nueva jornada de movilización, el 4 de abril, contra la reforma laboral para jóvenes y aumentaron la presión sobre el presidente Jacques Chirac para que tome cartas en el asunto y obligue al primer ministro a ceder en la disputa.
Al día siguiente de unas manifestaciones con entre uno y tres millones de personas, las más imponentes de los últimos 20 años en Francia, el primier ministro, Dominique de Villepin, cada vez más aislado, reafirmó ante la Asamblea Nacional (Parlamento) que no retirará el Contrato de Primer Empleo (CPE).
Paralelamente, visto el éxito del martes, los sindicatos no dudaron en convocar a una quinta jornada de protesta, con nuevas manifestaciones y huelgas, que se convertirá en otro "martes negro" en toda Francia.
Como salida al conflicto, las centrales obreras pidieron al jefe del Estado que "utilice sus prerrogativas para que el CPE sea retirado".
Chirac hizo saber que, "en los próximos días", hablará sobre el CPE, un contrato que, según el gobierno, pretende paliar el alto desempleo entre los menores de 26 años (un 23%) pero que para los sindicatos sólo aumentará la precariedad laboral, pues prevé el despido sin justificación durante dos años.
La toma de posición presidencial podría producirse después del jueves, día en que el Consejo Constitucional, la máxima instancia institucional francesa, tiene previsto pronunciarse sobre la validez de la denominada "Ley sobre la igualdad de oportunidades" que instituye el CPE.
La entrada en escena de la máxima instancia institucional francesa representa una nueva etapa clave de una crisis que ya dura ocho semanas y que, de esta forma, se extenderá del terreno social al político.
Como prueba de la fuerte tensión que vive, el primer ministro Villepin cometió un lapsus ante la Asamblea Nacional al hablar de "dimisión" en lugar de "decisión" del Consejo Constitucional.
Si el Consejo determina que el CPE se ajusta a la Carta Magna francesa, la decisión quedará en manos del Presidente de la República, que dispondrá de 15 días para promulgar la ley o pedir al Parlamento una nueva deliberación, regla utilizada en muy raras ocasiones.
Los dirigentes de la oposición de izquierda, entre ellos el líder del Partido Socialista François Hollande y su compañera, también en la vida sentimental, Segolène Royal, solicitaron a Chirac que intervenga rápidamente.
"Cuando hay una ruptura grave en el seno del país (...) le corresponde al jefe del Estado intervenir", declaró Segolène Royal, que según los últimos sondeos es la candidata más popular para suceder a Chirac en las presidenciales de 2007.
Esta ruptura también se manifestó en el seno de la derecha, aislando aún más al primer ministro, abandonado poco a poco por el ministro del Interior Nicolas Sarkozy, que es también presidente de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido en el poder.
Sarkozy, gran rival dentro de la propia derecha de Villepin de cara a las presidenciales de 2007, consideró este miércoles que "una verdadera negociación debe iniciarse sin premisas" porque "la situación actual conlleva demasiados peligros".
Las palabras del ministro del Interior eran una referencia implícita al temor de que las movilizaciones estudiantiles degeneren en nueva violencia urbana como la registrada en noviembre de 2005 en barrios desfavorecidos de las principales ciudades francesas, especialmente París.
El peligro de un desbordamiento del actual conflicto fue puesto de manifesto por los violentos incidentes, protagonizados por vándalos llegados de los suburbios, al margen de las manifestaciones de días pasados contra el CPE.
Unas 2.500 personas han sido detenidas desde el comienzo de las protestas. Unas 500 fueron arrestadas el martes en París, donde intentaron, aunque sin éxito, propagar la violencia durante la marcha sindical y estudiantil.
AFP