Los clubes y entidades sociales militares reclamaron anoche al presidente Tabaré Vázquez que "deniegue la entrega efectiva" de los tres militares involucrados en el caso Berríos, por entender que la extradición comprometería "la paz pública y la seguridad" del país.

No obstante, fuentes oficiales subrayaron que el Poder Ejecutivo se ajustará al fallo judicial.

Los militares retirados consideraron que la situación de los tres efectivos "es un asunto de soberanía nacional" y que las autoridades nacionales deben reflexionar "para evitar este intento de atropello e intromisión del estado chileno en un país soberano".

A través de una declaración, los afiliados a las instituciones sociales consideraron que la extradición de Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, se inscribe "en una escalada de un proceso de deterioro institucional que compromete la existencia misma de nuestras Fuerzas Armadas, exponiendo a riesgo la paz pública y la seguridad de nuestro Estado nación". La declaración fue aprobada ayer en una masiva asamblea (más de trescientos asistentes), que se desarrolló en el Centro Militar ubicado en avenida del Libertador.

Los afiliados al Círculo Militar dirigidos por el recientemente electo, general (R) Ricardo Galarza, también participaron de la reunión que se extendió por poco más de tres horas. El diputado colorado Daniel García Pintos, así como el abogado Amadeo Otatti, participaron del encuentro. La reunión tuvo carácter informativo. Otatti concurrió en su calidad de defensor de los tres militares. El ex presidente durante la dictadura Gregorio Alvarez, el general Iván Paulós y otros militares que revistieron cargos durante el gobierno de facto, asistieron a la reunión. Antes de finalizar la asamblea, los militares entonaron las estrofas del Himno Nacional.

DERECHOS HUMANOS. En la declaración, los militares le recuerdan a Vázquez que los ex oficiales apoyan "todo acto de gobierno en defensa de la soberanía nacional, tanto en protección de los intereses económicos involucrados a compromisos contraídos con empresas multinacionales, así como también, y en particular, en los actos emblemáticos de protección a los derechos humanos de sus conciudadanos vulnerados por acciones ilegítimas de otros estados". La Suprema Corte de Justicia habilitó la semana pasada el pedido de extradición solicitado por la Justicia chilena. Los militares retirados rechazan la posibilidad de que se concrete la medida, al tiempo que la extradición genera inquietud entre los activos. En filas militares se cree que si se habilitan las extradiciones por el caso Berríos, implicados en delitos de violación a los derechos humanos también podrán ser juzgados en otros países.