¿Qué pasó con el Panes?

El plan de atención nacional de la emergencia social (Panes) fue lanzado con bombos y platillos hace aproximadamente un año. Curiosamente, a pesar del lapso transcurrido y de que la vigencia del plan es de dos años, no hay informaciones claras sobre el tema. Incluso es de notar que en ningún momento se ha dado cumplimiento al artículo 12 de la Ley Nº 17.869 (por la cual se creó el plan), donde se establece que el Ministerio de Desarrollo Social está obligado a remitir a la Asamblea General un informe semestral sobre la gestión del Panes.

En la memoria del Ministerio de Desarrollo Social, que integra el informe sobre el estado de la República, remitido el 1º de marzo de 2006 por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General, se indica la existencia de un documento denominado "las salidas de la emergencia social", el cual le habría sido entregado al presidente Vázquez en noviembre de 2005. Pero casi nada se dice sobre su contenido.

Según la antedicha memoria, con relación al llamado "ingreso ciudadano", hay 67.985 beneficiarios. Este sería el balance de unas 226.000 solicitudes que dieron lugar a 180.000 visitas. Da la impresión de que hay visitas a solicitantes que se hallan aún pendientes, que habría solicitudes denegadas, así como atrasos. Pero esto sólo se puede suponer. La bruma que envuelve a todo el asunto no permite inferir nada más.

A mayor abundamiento, es de recordar que el artículo 8 de la ley que creó el plan de referencia estableció como requisito indispensable para recibir las prestaciones del mismo (incluyendo el ingreso ciudadano), que el beneficiario cumpliera con ciertos extremos tales como la asistencia de los menores a su cargo al sistema educativo y la realización de controles médicos periódicos. ¿Cuántos beneficiarios englobados en los 67.985 hogares que según el informe reciben el ingreso ciudadano, cumplen con las citadas exigencias legales en forma efectiva, regular y probada?

Puede ser que en ámbitos recoletos de los allegados al "progresismo" gobernante, se conozca más en cuanto a todo esto. Pero el Poder Legislativo y la población en general tienen derecho a reclamar claridad en torno al destino de los dineros públicos aplicados al Panes y de las contraprestaciones sociales que debían suministrar los beneficiarios. Es por ello oportuno que a nivel parlamentario, ante la falta de cumplimiento del ya mencionado artículo 12 de la ley existente, se estén tratando de activar mecanismos esclarecedores. Por ejemplo, el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, ha cursado un pedido de informes a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, de acuerdo con las facultades que le confiere el artículo 118 de la Constitución. En dicho pedido incluye todos los temas planteados más arriba y algunos más.

Quedaremos atentos a lo que ocurra, dado que se trata de un tema candente.