CON la inminente —desde hace días— identificación del homicida de Héctor da Cunha y el procesamiento de tres patoteros-barrabravas del Club Atlético Peñarol, en carácter de coautores por su homicidio, más otros parciales de Cerro por apuñalar a un hincha aurinegro, se cerrará —por ahora— uno de los más tristes y repudiables episodios de violencia en el deporte. Ellos y algunos más —ayer fueron detenidas otras dos personas— se ensañaron el sábado 11 de marzo con un hombre hasta matarlo, frente a su esposa y su pequeño hijo de 12 años, para quitarle una gorra del Club Cerro y luego se fueron cantando y festejando su "trofeo de guerra", mientras en la calle agonizaba un ser humano cuyo pecado fue ir, junto a su familia, a disfrutar de un espectáculo deportivo en el Estadio Centenario.
El ambiente del fútbol se rasgó las vestiduras, suspendió sus actividades para reflexionar y reclamó con su mejor cara de inocente, que se adoptaran enérgicas medidas para terminar con prácticas, ahora, deleznables, que han cobijado a los violentos y, lo que es mucho más grave, estimulado y favorecido su presencia en los escenarios deportivos.
PERO, más allá del desgarrante episodio y la crudeza demencial de su ejecución, ¿puede decirse que fue un hecho sorpresivo?, ¿que fue imprevisible?, ¿que nunca pudo pensarse que la violencia en los escenarios deportivos llegaría a este extremo? Por favor. Desde hace mucho tiempo que en Montevideo y sobre todo en materia futbolística (el básquetbol ha atemperado por el momento esta enfermedad), los episodios de violencia son cuestión de todas la semanas. Se alternan —y no tanto— los protagonistas, pero los hechos son similares.
El asesinato de Da Cunha elevó a nueve los muertos antes, durante o después de partidos de fútbol, aunque quizás ninguno tuvo hasta ahora un escenario y una repercusión tan profunda en la sociedad. Porque muertos ya habían habido, heridos muchos más e incidentes entre hinchadas habían acostumbrado y aletargado la sensibilidad del espectador, que simplemente había optado en su mayoría por no concurrir —y menos con su familia— a una cancha de fútbol. ¿O acaso no es eso lo que dicen las estadísticas sobre asistencia de público a los partidos?
HACE bastante tiempo que el alcohol y la droga —sustancia que se ha incrementado a partir de la pasta base— envalentonan a las hinchadas antes y durante los encuentros. Hinchadas que, en un número por ahora desconocido, no pagan entradas sino que son "invitados" por sus clubes a que asistan a los escenarios deportivos para alentar y, de paso, amedrentar a los hinchas rivales, a los jueces o a los jugadores adversarios, con la amenaza de su número o de sus trazas intimidantes. El Ministerio del Interior (del cual depende la policía) y las autoridades del fútbol, ¿nunca se enteraron de ello?, ¿nunca leyeron un diario, escucharon una radio o vieron la televisión?, ¿recién ahora conocen su existencia? En ese caso, ¿quién o quiénes eran los irresponsables "mecenas" que financiaban las entradas de estos "muchachos"?
En esta tarea de sinceramiento, cambios y medidas ejemplarizantes que han abrazado con inigualable entusiasmo las autoridades nacionales y futbolísticas, sería bueno conocer todo lo que estuvo mal y permitió que ocurriera lo que ocurrió, para estar atentos a que ello no vuelva a suceder. Y a partir de ello, adoptar todas las medidas necesarias para preservar la normalidad de los espectáculos deportivos. Los ingleses pudieron hacerlo con los "hooligans", que durante años sembraron el terror escudados en su impunidad, por los estadios europeos. Pero cuando el Gobierno y la Liga se pusieron firmes, desaparecieron.
HAY una flamante ley para erradicar la violencia deportiva, surgida —justamente— tras un rosario de incidentes violentos. Lo que corresponde es que se aplique a rajatabla, como debe hacerse con todas las leyes y que el Ministro del Interior se retracte ante sus subordinados de aquella desgraciada frase cuando se sucedieron incidentes entre Peñarol y Miramar Misiones en el Parque Franzini, ante la atenta mirada de las fuerzas del orden: "La intervención (policial) es la última instancia".
Que se identifique —no es muy difícil porque hay fotos y videos— a los violentos y se los destierre de las canchas de fútbol. Y que los clubes paguen con puntos, campeonatos, pérdida de categoría y desafiliaciones los apartamientos a las normas de convivencia correcta. De pronto desaparece algún club, pero no el fútbol y menos, la vida de un ser humano.
Siguen los motines
Una vez más, los medios de comunicación han dado cuenta de un nuevo motín en la Colonia Berro y sus anexos. Se ha perdido el número de motines. La mayoría de las veces es quemando colchones, tomando a los guardias como rehenes, rompiendo todo lo que encuentran a su alcance con un denominador común que es la fuga de uno, dos, diez o los que sean. Hasta cuando va a seguir esto no se sabe. El director sigue en su cargo. Nada ni nadie lo toca. Mientras tanto, por más explicaciones que se den a estos motines, no hay allegado a la dirección que pueda explicar la manera cómo se restituyen todos los elementos dañados. El que paga todo es el pueblo. De sus bolsillos sale el dinero para arreglar los desarreglos de estos jóvenes que, al final de cuentas, mandan más que los propios jerarcas.