Fumador rebelde denunciado por desacato en la justicia

Esteban Silva, propietario del restaurante "Aranjuez" busca fisuras en el decreto que prohíbe fumar en locales cerrados de uso público. Ayer declaró su restaurante como "exclusivo para fumadores", aludiendo a que "el decreto no lo prohíbe".

Puede ser que encuentre dicha fisura. Silva dijo contar con el apoyo legal de dos tabacaleras para presentar un recurso de inconstitucionalidad del decreto.

El reconocido jurista Gonzalo Aguirre dijo en declaraciones a Canal 4 que, en efecto, el decreto es inconstitucional y sólo se puede prohibir por ley la libertad de los ciudadanos. A su vez, el diputado Luis Alberto Lacalle Pou, en un texto enviado a Presidencia, también declaró que el decreto es inconstitucional y que la prohibición de fumar debería ser regulada por ley.

No obstante, la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, anunció que se le realizará un juicio penal por desacato al empresario, ya que él declaró que no pagará la multa de 100 UR (27 mil pesos) e instó a los comerciantes perjudicados a no pagar impuestos hasta que se deroge el decreto.

"El decreto tiene fuerza de ley y al ser un local público cuenta con la delimitación del decreto, el restaurante no es una ’casa’", dijo Muñoz a El País. Según declaró en Minas, en las próximas horas acudirán inspectores al local de Silva y no descartan la posibilidad de clausurarlo en caso de reincidencia.

Ayer, la fiscal Diana Salvo presentó una denuncia penal de oficio ante el juez Rolando Vomero para que investigue si Esteban Silva incurrió en alguna conducta delictiva al afirmar públicamente que no pagaría la multa por fumar y permitir que se fume en su local. Los delitos que podría haber cometido Silva, podrían ser desacato o instigación pública por no pagar tributo.

POLEMICA. Si bien Silva dijo a El País que contaba con el apoyo legal de los abogados Víctor Lissidini y Víctor Della Valle, ellos declararon a Canal 4 que no habían sido consultados por Silva y que no lo defenderían si se le presentara una denuncia.

No obstante, el empresario aseguró a El País que, en el caso de Lissidini, no era cierto que no había sido consultado. "Sus declaraciones me sorprendieron. Tengo de testigo a todos los mozos del local", dijo Silva.

A pesar de no contar con el apoyo de los abogados, el propietario de "Aranjuez" asegura que representantes de dos tabacaleras le manifestaron apoyo para presentar una denuncia de recurso de inconstitucionalidad del decreto. "Ellos me ofrecen apoyo de sus abogados para presentar esta denuncia. Incluso el domingo pasó uno de ellos por mi local", declaró Silva, aunque prefirió no dar nombres.

No son los únicos que manifestaron su apoyo. También declaró al Canal 4 el reconocido jurista Gonzalo Aguirre, argumentando que el decreto es inconstitucional, ya que el artículo 10 de la Constitución establece "que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella (la ley) no prohíbe".

El diputado nacionalista Luis Alberto Lacalle Pou también esbozó los motivos por los cuales el decreto es inconstitucional en un texto dirigido a Presidencia. De acuerdo al texto, el artículo 7 de la Constitución dice que todos los ciudadanos deben ser protegidos en sus derechos elementales como la libertad y a la propiedad, y sólo serán privados de ellos por ley.

Según el artículo 173 del Código Penal comete desacato quien menoscaba la autoridad de los funcionarios por medio de ofensas reales, escritas o verbales o de la desobediencia al mandato de los funcionarios. Se castiga con tres a 18 meses de prisión. La instigación a no pagar tributos es un delito en el Código Tributario. Lo comete "el que instigare públicamente a rehusar o demorar el pago de los tributos o efectuare maniobras concertadas a organizar la negativa colectiva al cumplimiento de las obligaciones tributarias". La pena es de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.