Denuncian irregularidades en el programa social Infamilia

Las actuales autoridades del Programa Integral de Infancia Adolescencia y Familia en Riesgo Social (Infamilia) —que atiende a la población "en situación de vulnerabilidad social" bajo la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— detectaron "irregularidades" en la situación financiera del proyecto desde su creación, en diciembre de 2002. Además, denuncian que, en sus primeros dos años, hubo un "enlentecimiento" en la ejecución del programa.

En la memoria del año 2005, elaborada por Infamilia y enviada al Parlamento, se detallan "deficiencias del sistema de control interno", falta de aportes al BPS y a la DGI, pago a proveedores sin registrar, así como partidas "no rendidas" al BID.

Infamilia, que antes se llamaba Programa Integral de Infancia, Adolescencia, Familia en Riesgo Social (Piiafrs), fue trasladado el año pasado a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. En principio, el programa debía funcionar hasta diciembre de 2007, dado que tenía un presupuesto total de 44.500.000 dólares para cinco años de ejecución.

Pero en la memoria del organismo se indica que en los primeros dos años sólo se ejecutó el 10% de los fondos totales previstos.

"Este magro desempeño en materia de ejecución presupuestal, con su correlato en el escaso cumplimiento de metas físicas, tiene también la peculiaridad de que presenta una fuerte concentración en los últimos seis meses de 2004. En efecto, en el último semestre de 2004 fueron ejecutados 2,8 millones de dólares, mientras que durante los tres semestres previos (todo el año 2003 y el primer semestre de 2004) sólo se habían ejecutado 2,3 millones de dólares", detalla el informe.

En virtud del "enlentecimiento" detectado, el nuevo gobierno aprobó la extensión por dos años y, por eso, el programa ahora finalizaría en diciembre de 2009. Se aclara que eso no modificará "el monto total original ni los objetivos y resultados originalmente previstos".

Las nuevas autoridades también cambiaron parte del personal del programa, ya que constataron "una fuerte debilidad en los perfiles de los técnicos como en su experiencia en materia de ejecución".

Así, se elaboró un nuevo presupuesto para Infamilia: en 2005 se ejecutaron 6,4 millones dólares y la ejecución prevista para 2006 asciende a 10,6 millones de dólares. Queda un saldo de 22,3 millones para los años restantes.

La memoria del organismo recuerda que el dictamen del Tribunal de Cuentas sobre los estados financieros de Infamilia a diciembre de 2004 habla de "deficiencias del sistema de control interno" así como "debilidades en el sistema de información financiero contable".

Los responsables de Infamilia detectaron que en la gestión anterior no se habían presentado a la DGI las declaraciones juradas de IRP e IVA de consultores contratados, y tampoco se habían realizado los pagos de IRP retenidos a los consultores desde mayo de 2004. Se indica que hay multas a abonar a la DGI por el no pago de IRP: 100% del impuesto más recargos.

Infamilia tampoco había realizado aportes al BPS de los agentes de seguimiento, enlaces territoriales y profesores de educación física que trabajaban bajo la modalidad de "capacitación en servicio".

Además, existían partidas no rendidas al BID desde julio de 2003 y no había "un conocimiento real del valor de los bienes adquiridos", dado que se realizaban pagos a proveedores sin registrar.

RESPONSABILIDAD. La memoria de Infamilia incluye fuertes críticas al "lugar marginal" que ocuparon las políticas sociales durante los años 90 y la falta de coordinación de los distintos programas sociales.

"La política social no podía ser otra cosa que una política marginal, compensatoria y subsidiaria de la política económica. Serían también políticas de corto plazo, ya que a mediano plazo se cosecharían los frutos del crecimiento económico", concluye Infamilia.

Indica que una de las consecuencias principales de ese enfoque fue "la deserción del Estado de su responsabilidad en la rectoría de la política social, delegando su responsabilidad casi totalmente en las organizaciones de la sociedad civil".

También recuerda que el diagnóstico de la falta de coordinación de las políticas sociales en Uruguay "reunió el consenso de todas las fuerzas políticas" durante la campaña electoral del año 2004.

Con la llegada del nuevo gobierno, fueron "reubicados" muchos programas sociales que existían en distintas órbitas del Estado. Tal es el caso de Infamilia, que pasó a depender formalmente del Ministerio de Desarrollo Social y sufrió un proceso de reestructura a partir de abril de 2005.

El objetivo de Infamilia es "mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social", residente en cien zonas previamente identificadas: el 60% se encuentra en Montevideo, Canelones y San José.

Durante 2005 el programa tuvo diferentes líneas de acción. Atendió a 14.600 niños y 2.200 embarazadas en actividades para la "primera infancia". En este caso el objetivo es promover el desarrollo integral, la salud y seguridad de los niños menores de cuatro años con riesgo social.

Unos 9.200 niños participaron en actividades de atención a escolares en zonas de contexto crítico, que buscan fortalecer las relaciones entre la escuela, la comunidad y la familia.

El programa también atiende a adolescentes de 13 a 17 años en situación de vulnerabilidad social, para promover el "acceso y permanencia de jóvenes en el sistema educativo formal". Fueron formados como promotores juveniles 422 personas en 2005.

También se trabaja en la reducción del embarazo adolescente, y fueron atendidos 409 niños y adolescentes en situación de calle. El objetivo es "reinsertarlos en los ámbitos social, familiar y comunitario".

Por último, fueron atendidos 333 núcleos familiares por casos de maltratos o abuso sexual de niños o adolescentes. Se les brindó "atención integral, física, psicológica y social".