Operadores reclaman una ley de protección

MALDONADO | MARCELO GALLARDO

Los operadores inmobiliarios agremiados en la Cámara Inmobiliaria de Maldonado (Cidem) y de la Asociación Inmobiliaria de Punta del Este (Adipe) volvieron a la carga con la necesidad de aprobar por parte del Parlamento y del gobierno una ley de corredor inmobiliario con un nuevo aditamento: la obligación de que todo arrendamiento que se concrete por temporada tenga la intervención obligatoria de un agente autorizado.

El planteo fue concretado el viernes durante una jornada de trabajo que el ministro de Turismo, Héctor Lescano, mantuvo con los integrantes de todas las gremiales empresariales del departamento de Maldonado para analizar la marcha del sector e intercambiar ideas sobre la realidad turística del país.

El encuentro se concretó en la sede de la Liga de Fomento y Turismo de la península donde Lescano concurrió acompañado por el subsecretario Alberto Prandi y por el asesor técnico Benjamín Liberoff.

El jerarca adelantó a sus interlocutores que el próximo 14 de marzo por la mañana en la sede del ministerio de Turismo en Montevideo sesionará el Consejo Nacional de Turismo donde se analizará la implementación de una cuenta satélite de la actividad del sector. La cuenta satélite, recomendada por la Organización Mundial del Turismo, es una herramienta que permite medir con cierto grado de exactitud el impacto del turismo en la economía de cada país donde se instrumenta. Hasta el momento no se ha podido llevar adelante, entre otras razones, por la falta de interés de otras administraciones o por el costo de su instrumentación.

APOYO. A la reunión los inmobiliarios fueron acompañados por el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Mario Amestoy, quien estuvo presente para apoyar los planteos de los operadores y también para solidarizarse con el titular de Cidem, Luis Borsari, quien enfrenta una demanda penal por difamación e injurias radicada en un juzgado penal por el director de rentas Eduardo Zaindestat.

Según participantes del encuentro, Lescano dijo no compartir la decisión del máximo jerarca de la DGI y volvió a mostrar sus reparos por la forma en que se realizaron algunos procedimientos por parte de ese organismo en el Este del país. El secretario de Estado sostuvo que la clausura de una empresa debe ser la última medida que se debe adoptar, dijeron los informantes.