La pendiente anárquica

La sociedad uruguaya asiste con creciente preocupación a una situación de perfiles anárquicos, evidenciada por una escalada creciente de episodios de confrontación —y hasta de justicia por mano propia—, ante la tolerancia y la inoperancia del gobierno.

Lo expresado no responde a una percepción personalísima ni exagerada. La alarma es exteriorizada no a nivel de elites ni de personas muy politizadas, sino por hombres y mujeres comunes, gente de trabajo —como los taximetristas—, con quienes hemos tenido oportunidad de dialogar en estos días. Y han sido ellos —no nosotros— quienes han ingresado a la cuestión por propia iniciativa.

Lo ocurrido en la curtiembre de Las Piedras, bajo la presión manifiesta del PIT-CNT y la complicidad policial con los obreros ocupantes y "reocupantes", seguido de la ocupación de una oficina de ANEP, exhibe a la prepotencia sindical en pleno auge y extendiéndose, ahora, a la órbita estatal.

Esta última comprobación no se debilita con la alegación de que los desconocedores de las autoridades del ente docente no pertenecen al gremio. Gremio que, por otra parte, es de recientísima creación y de dudosa representatividad. En todo caso, los malos ejemplos cunden, sobre todo cuando la réplica gubernamental es débil o inexistente.

Toda esta situación es la consecuencia natural y previsible de haberle dado luz verde a la prepotencia sindical, apenas instalado el gobierno, con la derogación del antiguo decreto que facultaba a la policía a desalojar los lugares y plantas de trabajo ocupados a título de medida gremial. La responsabilidad de tan grueso error recae sobre todo el gobierno, sin excluir al señor Presidente de la República, quien, al firmar tan errónea medida, metió la pata hasta el cuadril, como a la vista está.

No es cuestión, entonces, de señalar únicamente, con dedo acusador, como autor de este desaguisado, al Ministro del Interior. Este, anclado ideológicamente en concepciones marxistas anacrónicas y hasta perimidas, propició con entusiasmo federal la malhadada resolución derogatoria. Pero su voluntad no es omnímoda, por cuya causa, de no haber mediado la firma presidencial, nada hubiera pasado.

Y no se crea que nos refocilamos con el señalamiento del grave error del Dr. Vázquez y de su consiguiente responsabilidad. Parafraseando a Dardo Ortiz, quien con razón nos enseñó que lo que es bueno para el país también lo es para nuestro Partido Nacional, aseveramos que lo que es malo para el país es malo para nuestra colectividad y para todos los compatriotas.

El gobierno ha dado reiteradas señales inequívocas de que los derechos y prerrogativas sindicales son de jerarquía superior a los derechos del resto de los habitantes. Sembró así vientos —con esa tesis disparatada— y está cosechando tempestades. Estas no solamente aparejan agitación, desórdenes y arrasamiento de derechos que el Poder Ejecutivo tiene el deber de tutelar. Constituyen una tremenda e inequívoca señal de alarma y desaliento para los inversores que el gobierno dice querer atraer y que el país necesita casi desesperadamente, habida cuenta de su crónica penuria de fuentes de trabajo genuinas.

El gobierno, al resignar espacios que la dirigencia sindical ocupó de inmediato, ha dejado de ejercer su autoridad en el manejo de las relaciones obrero-patronales y en el mantenimiento del orden público, que es el primero de sus cometidos y de sus deberes (este último). Y autoridad que no se ejerce es autoridad que se pierde, como ha dicho el Dr. Lacalle, que algo sabe del arte del gobierno.

Un buen gobierno debe arbitrar los conflictos de intereses. El del Dr. Vázquez los ha atizado, al abandonar su rol de juez de estas pulseadas no judiciales para asumir tercerías coadyuvantes con una de las partes. Así, va por muy mal camino.

De él debe apartarse muy rápidamente. Y lo primero que tiene que hacer, en tal sentido, es sustituir ya al Ministro del Interior, que también ha fracasado en el área crucial de la seguridad pública.v