Que un diferendo entre Uruguay y Argentina termine dando intervención a la Corte Internacional de La Haya o según se anuncia ahora a las Naciones Unidas, es de por sí inconcebible. Pero más todavía lo es porque el gobierno de uno de esos países está incurso en delito continuado desde el primer corte de rutas. "Es delito toda acción u omisión expresamente prevista por la ley penal", consagra la fórmula sacramental del artículo 1� del Código Penal uruguayo, propio de una democracia liberal en todo el mundo. No han de ser muy diferentes los conceptos ni las tipificaciones de la legislación del país hermano. El corte de rutas por la fuerza es sin ninguna duda delito aquí y en todos lados. Y un gobierno que se cruza de brazos y no ejerce su autoridad para impedir la consumación de ese delito, está transgrediendo preceptos penales. En efecto, supongamos que el señor Taiana o el señor Bielsa —dos personajes de escasa jerarquía que se han sucedido en la Cancillería argentina— tuvieran razón, que no la tienen, en imputarle a Uruguay incumplimiento de las normas del Estatuto del Río u otra norma. Pues bien, ni aun en esa hipótesis se legitimaría la pasividad de las autoridades argentinas ante la flagrancia del delito que afecta la libertad de circulación de bienes entre los dos países. Esto es claro como la luz. Y es tan claro, que rompe los ojos y provoca ceguera cuando tratamos de explicarnos el porqué de esta actitud delictuosa.
En la medida que el conflicto se agrava, que las posiciones se radicalizan, la lucidez para entenderlo se pierde. Y entonces se avivan las sospechas. No vamos a hacer afirmación alguna respecto de la conducta de nadie, pero va tomando cuerpo la sensación de que en el trasfondo del asunto hay intereses comerciales muy grandes y muy turbios, para que las plantas de celulosa no se instalen en territorio uruguayo. Y entonces la razón de las conductas transgresoras, omisivas, tolerantes, puede entenderse como una suerte de encargo para delinquir, con financiación a los protagonistas, a los que cortan las rutas, a los ambientalistas que tienen raíces de fundamentalistas, hasta a los gobernantes que a la vista y paciencia de todos, incumplen con sus deberes más elementales.