Piquetes surtidos

Jorge Abbondanza

La Argentina no promovió un tema sino dos en el conflicto de las plantas de celulosa, que se construyen junto a Fray Bentos con una inversión de 1.800 millones de dólares. El primero de esos temas es la eventualidad de un riesgo ambiental, que debe discutirse como todo asunto vinculado a la contaminación del entorno. El segundo tema es el corte de rutas, un desplante violatorio de normas internacionales sobre libre circulación y reñido con preceptos constitucionales vigentes en la materia. En este caso, corresponde considerar que:

1) la presencia de piquetes entrerrianos en el acceso a los puentes del río Uruguay —y en especial el que vincula el Departamento de Río Negro con esa provincia argentina— comenzó el 23 de diciembre de 2005 y ha persistido con intermitencias hasta hoy. Cuando se cumplían 48 días de esos cortes y una semana del bloqueo permanente de la ruta binacional, el presidente argentino recibió en la Casa Rosada a cuatro representantes de la denominada Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y "expresamente manifestó que no había condicionado la reunión al levantamiento del corte" (La Nación, viernes 10 de febrero, página 8) agregando que "la lucha de Gualeguaychú es ejemplar" y que "no intervendría para frenar los cortes".

2) un día antes, los vecinos de esa localidad habían declarado que "si el presidente nos recibe y nos escucha, nos bajamos de la ruta" (Clarín, miércoles 8 de febrero, página 9). El presidente los recibió y los escuchó, pero en Gualeguaychú la asamblea decidió mantener su plan de lucha, alentada seguramente por la afirmación presidencial de que "no va a haber represión".

3) la indulgencia del gobierno argentino con esa movilización es singular, porque no ha reaccionado igualmente ante otras medidas de fuerza similares. El martes 31 de enero en el kilómetro 103 de la Ruta 2 que une Mar del Plata con la capital federal, un piquete de trabajadores de una empresa láctea de Chascomús fue dispersado de inmediato con ayuda de veinte camiones de efectivos de infantería, una tropa de caballería, un helicóptero y el empleo de gases antimotines y balas de goma. El sábado 4 de febrero la Gendarmería Nacional desactivó rápidamente un "contracorte" de los camioneros que reaccionaban ante el bloqueo de la Ruta 136 frente al río Uruguay. El miércoles 8 de febrero una fuerza de 247 gendarmes obligó a piquetes de trabajadores petroleros en conflicto a despejar la Ruta 43 en la provincia de Santa Cruz "para garantizar el paso de los autos" (Clarín, jueves 9 de febrero, página 4).

En materia de contaminación, el fervor de los manifestantes entrerrianos podría responderse con alguna movilización uruguaya (quizá coloniense) que reclamara por los 2.300.000 metros cúbicos de aguas negras sin tratamiento que se vierten diariamente al Río de la Plata del lado argentino, a los que se agregan otros 1.900.000 metros cúbicos de derrames industriales del área metropolitana de Buenos Aires, que caen cada día sobre ese mismo río compartido por los dos países. A todo lo cual cabe añadir que el sábado 11 de febrero se divulgó un pedido del gobierno paraguayo para investigar los perjuicios ambientales derivados de una planta argentina de celulosa sobre el Paraná, en la provincia de Misiones. Hay otras nueve plantas funcionando actualmente en territorio argentino, alguna de ellas en Entre Ríos, precisamente.

En el fondo, lo imperdonable del Uruguay no es que pueda contaminar. Es que se trate de un país enano y reciba una inversión gigante.