Ya era hora

La derogación del decreto que autorizó al Ministerio del Interior a desocupar los locales de trabajo cuando en un conflicto laboral eran ilegítimamente ocupados, fue una convocatoria para que ese agravio al derecho se hiciera rutina. Así lo anunciamos reiteradamente y los hechos no hicieron más que confirmarlo. Tal fue el apuro para el dislate, que se constituyó en una de las primeras decisiones de su ministerio. No se tomó tiempo para preguntarse si no abría la puerta a la arbitrariedad y a la prepotencia, ya que su abuso era tan previsible como inevitable. Tampoco se lo tomó, para apreciar si no violentaba el derecho de propiedad consagrado por la Constitución, por más que la ortodoxia de su ideología poco apunte le lleva a ese derecho. Si no empobrecía al país y al trabajador, pues era un poderoso desaliento a la inversión. Si era compatible con un Estado de Derecho esta vía de los hechos que solo quedaba librada al capricho de quienes la emprendieran, tanto en la oportunidad, en la duración, en la motivación, como en lo que se le ocurriera hacer con ella. La prisa fue tanta, que el Ministro de Trabajo y de Seguridad Social no intervino, a pesar de que es un asunto que mucho le atañe. Es ahora el encargado de deshacer el entuerto.

eSE apurón, tan ligero como poco responsable, obedeció en buena parte a motivaciones que inspiraron otras decisiones del propio gobierno. Una de ellas fue ese ímpetu devastador que asomó en muchas de las medidas iniciales del gobierno. Apuntaba a rever y abatir mucho de lo que se había hecho, con el engreído pensamiento de que todo lo anterior era un borroneo y que ahora sí empezaba a ser valiosa la historia porque ellos la empezaban a escribir. Otra motivación respondía a una congelada ideología marxista de la lucha de clases donde una siempre tiene razón y la otra carece siempre de ella, que tan poco tiene que ver con el país en que vive, con el mundo que le toca vivir, con las garantías del régimen de derecho y con la concepción personalista que es el fundamento último de nuestro ordenamiento institucional.

Es así que buena parte de esas sinrazones tornaron la situación peor, en materia de ocupaciones, que la padecida por el país cuando el gobierno nacionalista debió dictar el decreto que el Dr. Díaz derogó cuarenta años después. En tanto no existió el decreto derogado, siempre estaba la justicia para reparar el atropello, reconocer su ilegitimidad. Las ocupaciones, cuando se hacían, era por la invitación o la decisión de algunos dirigentes gremiales. En cambio, la derogación del decreto, después de una pacífica vigencia de cuatro décadas, sonó a una convocatoria, casi a una proclama para usar de esta increíble e ilegítima extensión del derecho de huelga. Esta vez provenía la invitación del propio gobierno. De ahí la serie de ocupaciones, algunas de las cuales han funcionado como una suerte de extorsión, amparada por el gobierno o tolerada por él. Parece próxima a estos extremos la ocupación del local de los Impresos Vanni S.A., ocupado desde setiembre del año pasado. Aquí los ocupantes han desposeído al dueño, formado una cooperativa que explota el negocio, contando con el implícito apoyo de algunos organismos del Estado.

oTRAS veces, la ocupación es dispuesta por la acción de minorías, algunas muy pequeñas, desconociendo la voluntad de la mayoría de los trabajadores. A veces termina con el cierre de la empresa y la pérdida de puestos de trabajo como ocurrió con la gasolinera. Veinte empleados de un total de 120 ocuparon el colegio Nubarian durante casi un mes por el despido de seis integrantes de su personal. Solo al cabo de ese tiempo se alcanzó un acuerdo por mediación de la Dirección Nacional de Trabajo que liberó al colegio de sus ocupantes. No conocemos los términos del acuerdo, pero, naturalmente, ese factor impone un claro desequilibrio en las negociaciones, de manera que lo que finalmente parece un acuerdo, termina por ser una imposición. Con ello, en la mayoría de los casos arriesga darle fragilidad al acuerdo así alcanzado, y comprometer la suerte de la empresa y de las propias fuentes de trabajo. Los hechos se han repetido con parecidas características en un número grande de empresas, llámese Prosegur, Fanacif, Calvinor y tantas otras.

En parte de estos conflictos, las ocupaciones se han realizado antes de iniciar la huelga y de toda clase de negociación El diálogo se entabla luego, con una parte violentada, agredida en su derecho, y otra dispuesta a prolongar la violencia hasta que termine por imponer sus reclamos. El Ministro de Trabajo y de Seguridad Social, que no fue quien dictó el decreto derogatorio y el propio Dr. Vázquez que ha asumido la iniciativa, han advertido por fin los abusos que proliferaron tras esa suerte de grito: ¡A por las ocupaciones! Más allá de intenciones, ese fue el significado del decreto del Ministro del Interior.

DE ahí el anuncio de normas reguladoras de las ocupación. Aun objetables algunas de ellas, procuran terminar con el desamparo de la propiedad, crear ámbitos sensatos de negociación y llevar razonabilidad y equidad a una realidad que las ha proscrito. La gresca reciente en una curtiembre, es de ello una impaciente luz de alarma.

Continúa la falta de control ante los vehículos que por mal funcionamiento de sus motores despiden gases en exceso.

El hecho, como ya lo hemos señalado, viola la ley Nº 10.007, de 5 de abril de 1941, que prohibió la circulación en centros urbanos de vehículos en tales condiciones, hasta que sus motores sean debidamente reparados.