El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica, aseguró ayer a una delegación de cañeros, funcionarios de Calnu, pequeños agricultores y representantes del PIT-CNT que el Instituto Nacional de Colonización (INE), pondrá a disposición de esos sectores 200 hectáreas cercanas a Bella Unión. Mientras el ministro se reunía en su despacho con la delegación, en la localidad artiguense la jueza Alejandra Casullo recibió a cinco de los seis ocupantes del predio de Colonia España invadido el domingo pasado que había citado para ayer.
Seguramente la magistrada convocará a otros en los próximos días pero aún no ha tomado ninguna decisión respecto al eventual desalojo de las 36 hectáreas de Colonia España a la que ingresaron cañeros, productores y empleados de Calnu.
Ayer fue otro día de gestiones intensas en Montevideo y Bella Unión. Mujica se reunió con los trabajadores por la tarde en su despacho y prefirió no hacer declaraciones, pero el director de Comunicaciones del Ministerio de Ganadería, Juan Angel Fernández, informó que por el momento "no hay condiciones económicas" para que haya disponibles una mayor cantidad de hectáreas.
El portavoz dijo que los representantes de los trabajadores querían saber "donde están parados" en el proyecto "sucro-alcoholero" porque estuvieron "excluidos" y aseguró que ahora "van a ser partícipes".
Fernández dijo que el ministro señaló que "si no lo entienden todos, el proyecto no sale" aunque admitió que las hectáreas disponibles hoy "no son suficientes". El funcionario informó que el ministro no sugirió a los ocupantes ningún curso de acción. "La ocupación no significó que se enlenteciera ni se adelantara el proyecto", sostuvo "El ministro no tiene sugerencias" sobre los pasos a dar por los ocupantes, agregó.
El dirigente del PIT-CNT, Juan Castillo, explicó que el ministro pidió que se le elevara una propuesta escrita sobre la forma en que participará la sociedad civil en el proyecto sucro-alcoholero que impulsa el gobierno para Bella Unión con la participación de Ancap. Castillo reiteró que el INC baraja que estarán disponibles 400 hectáreas y que la tierra "no es problema". A Castillo lo acompañaban los dirigentes de la central, Luis Puig y Juan Silveira, el representantes de los cañero, Ricardo Ferreira, Mario Ferreira, de la gremial de pequeños productores de Bella Unión y Junior Belén, vicepresidente del sindicato de empleados de Calnu.
REPASO. Más tarde, en la sede de la central sindical, los dirigentes del PIT-CNT y de los trabajadores de Bella Unión ofrecieron una conferencia de prensa en la que parecieron aflorar algunas contradicciones. Belén dijo que "respetamos a la Justicia", pero no quiso asegurar que ante una eventual decisión judicial que disponga el desalojo del predio hoy ocupado los ocupantes lo vayan a abandonar. "Lo evaluaremos en su momento", se limitó a responder cuando se le interrogó sobre el tema. Aclaró sí que en ningún momento se consideró que la continuidad de la ocupación "pueda ser moneda de canje".
Cuando se le preguntó de que forma la absorción por parte de Ancap del ingenio de Calnu beneficiará a los cañeros señaló que "en eso nos vamos a poner a trabajar". Belén dijo que todo tipo de trabajo es "dignificante" pero dejó entrever que los ocupantes quieren tener tierras que ellos mismos controlen como forma de superar la zafralidad de sus empleos asalariados. El proyecto de arrendamiento de Calnu generará "muchos puestos de trabajo nuevos", apuntó de todas formas.
Belén se cuidó de destacar que los gremios apoyan el proyecto de fabricación de alcohol en base a azúcar y que tienen depositadas esperanzas en el gobierno.
Ayer los ocupantes ya habían arado 20 de las 36 hectáreas del establecimiento tomado con la intención de dedicar algunas a la horticultura. Belén estimó que en la próxima siembra de caña se sumarán 2.500 hectáreas nuevas y se llegará así a 5.000, todavía bastante menos de las 10.000 o incluso algo más que el gobierno se ha trazado como meta.
En todo momento Castillo dejó claro que la central sindical apoya la ocupación pero no la promovió y que no incidirá en la decisión que tomen quienes ocupan la parcela de Colonia España respecto a su permanencia allí.
JUSTICIA. Mientras esto ocurría en Montevideo, la jueza Santullo tomaba en Bella Unión declaración a Luis López, presidente de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, Enrique Bandera, vicepresidente, Jorge Rodas y José Suárez, del mismo gremio y Susana Olivera, de Apaarbu (gremial de pequeños productores). Belén estaba citado pero no compareció por encontrarse en Montevideo. Los convocados no quisieron hacer declaraciones.
Santullo solamente dijo que "seguimos en el proceso judicial" y "estamos en pleno presumario". No quiso adelantar si en la próxima semana seguirá tomando declaraciones.
Las alrededor de 200 hectáreas que mencionó Mujica en parte son inundables y su cesión por parte del Instituto de Colonización también involucra a UTE, que tiene derechos sobre esa parcela.