El equipo económico seguirá evaluando "caso a caso" qué figura jurídica utilizará para los proyectos de asociación entre el sector público y el privado que surjan, antes de crear un régimen general para estos emprendimientos.
El gobierno tomó a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) como uno de los buque insigna de estas asociaciones y ya tiene "en carpeta" otros proyectos en áreas de infraestructura y energía.
Si bien se prevé respetar lo dispuesto en la Constitución y en el caso de las empresas públicas evaluar la forma de asociación según "cada proyecto", no se descarta ver si es posible un marco normativo general, dijeron a El País fuentes oficiales.
El Presupuesto aprobado por el Parlamento prevé la conformación de una sociedad anónima para la asociación de AFE con capitales privados.
La misión para Uruguay del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estuvo en agosto sugirió al gobierno crear un marco legal en el cual se desarrollen estas iniciativas y por el que se reduzcan los riesgos fiscales para el Estado.
Según el reporte del equipo técnico del FMI, estas asociaciones podrían "jugar un rol clave en el crecimiento de la inversión y en la mejora de las empresas públicas".
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