Organizaciones de Derechos Humanos critican a justicia

El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) dio a conocer su Informe Anual 2005 sobre derechos humanos en el país donde reclama la anulación de la Ley de Caducidad y lanza una serie de ataques contra el Poder Judicial, al tiempo que cuestiona al Poder Ejecutivo porque el Ministerio de Defensa Nacional no garantiza el acceso a la información pública al enviarle, bajo la firma de la ministra Azucena Berrutti, un documento en el que afirma que "por razones de seguridad nacional no es conveniente la desclasificación" de información solicitada por el Servicio para elaborar el documento.

Al mismo tiempo, el Serpaj reclamó "mensajes más claros" al gobierno en materia de derechos humanos, al reprobar las afirmaciones de jerarcas en cuanto a que los militares no serán juzgados porque ello correspondería, en tal caso, al Poder Judicial.

En cuanto al Poder Judicial, el Servicio le exigió "estar a la altura de sus obligaciones" en la materia, considerando que procedieron de modo "errado" al haber declarado cosa juzgada en algunos casos —como el de María Claudia García de Gelman—, dado que se entiende que hay normas supranacionales que "le marcan la cancha" a los jueces.

En la ocasión, el integrante de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, el abogado Javier Miranda, pidió al Poder Judicial que "responda a la sensibilidad popular" cuando le "exige el compromiso con las causas" sobre derechos humanos.

CADUCIDAD. En el acto de presentación pública, Guillermo Payssé, uno de los coordinadores de actividades de Serpaj, afirmó que el Parlamento puede anular la ley de Caducidad.

Además, Payssé cuestionó la forma en que el gobierno del presidente Tabaré Vázquez trata el tema, estableciendo una comparación entre esta administración y la que en 1985 encabezó el ex mandatario Julio María Sanguinetti. Payssé, en ese sentido señaló que Sanguinetti trabajaba sobre ese asunto "en solitario", porque decía conocer la forma de pensar de los militares, mientras que Vázquez "juega al ajedrez", ya que solamente él y el Secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, trabajan en ello. Reclamó la participación de la sociedad y que Serpaj sea convocado para "aportar".

"No se puede decir, como se ha dicho, que no se va a juzgar a militares o que los militares no van a ser procesados. Creo que la Ley de Caducidad hizo confundir el terreno del Poder Judicial, porque por salvaguardar lo que en aquel momento era un desacato de militares, terminó atentando contra la Constitución de la República y contra la división de poderes. Hoy, integrantes del Poder Ejecutivo no pueden caer en el error de decir que acá no se va a juzgar a militares, puesto que eso lo va a resolver el Poder Judicial. Nosotros esperamos que se haga, pero que parta del Poder Judicial, afirmó Payssé.

El texto revela también información desclasificada de los archivos de Inteligencia del Ministerio del Interior, sobre la actividad de organizaciones de Derechos Humanos y da cuenta de un documento entregado por la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, que señala que "por razones de seguridad nacional, no es conveniente la desclasificación" de la información solicitada, que está en poder de los servicios de Inteligencia bajo jurisdicción de esa cartera.

SEDICION. En el informe se habla además sobre los incidentes ocurridos en la Ciudad Vieja, que terminaran con cuatro personas procesadas por sedición. Serpaj condenó "tanto la violencia de la manifestación social como de la irracionalidad de la represión policial", al tiempo que cuestiona el fallo judicial porque "criminaliza la protesta social". El Servicio demanda que se derogue la tipificación de sedición en el Código Penal.

En la presentación del informe anual estuvo el premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, quien cuestionó severamente la instalación de las plantas de procesamiento de pulpa de celulosa en Río Negro, diciendo que el río Uruguay va a tener un alto grado de contaminación con estos establecimientos y que la misma traerá enfermedades como cáncer y problemas respiratorios.

Pero el informe de Serpaj dice que sobre ese tema, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, no es posible establecer una respuesta acerca de la conveniencia o no de su instalación. Y considera oportuno entablar un debate específico para definir un plan estratégico de desarrollo que incluya una evaluación ambiental.