Medio centenar de etarras a juicio

MADRID | DANIEL BELTRAN ROHR

Un total de 56 personas miembros de organizaciones del entorno de la banda criminal, se sienta a partir de ayer en el banquillo de los acusados en lo que supone el mayor juicio de la historia de España contra las organizaciones afines a ETA.

La Audiencia, que al igual que la realizada contra los integrantes de Al Qaeda responsables del atentado del 11 de marzo de 2004, se lleva a cabo en la Casa de Campo, durará ocho meses y pondrá a prueba la tesis del juez Baltasar Garzón de que a la banda no la forman solo sus comandos armados.

Los acusados que llegaron juntos en tres autobuses a las 9.30, pudieron ingresar a la sala mediante el cotejo de sus fichas policiales, debido a que en el control policial de entrada mostraron el documento de identidad vasco.

Vestían una camiseta azul grisácea en la que se leía "18/19+ Eskubide civil eta politikoen alde", en referencia al sumario 18/98 por el que se les va a juzgar como dirigentes de los aparatos políticos e internacional de ETA, Kas-Ekin y Xaki respectivamente, así como la fundación Joxemi Zumalabe, mediante la que se promueve la desobediencia civil con iniciativas como la utilización del documento nacional vasco.

José María Olarra, ex miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB) y miembro de Xaki, quien se enfrenta a una pena de 15 años de cárcel por un delito de integración en la organización terrorista ETA, fue el primero en ingresar a la Audiencia Nacional, aunque los más madrugadores fueron los miembros de la Asociación Víctimas del Terrorismo que asisten como público.

La vista oral comenzó pasadas las 10.25 debido al gran número de acusados, abogados y público que debía entrar en la Audiencia con las suficientes medidas de seguridad, impidió empezar a la hora prevista.

La fiscalía pide un total de 946 años prisión para los 56 acusados en el sumario compuesto de 600 tomos que suman más de 200.000 folios.

La causa fue iniciada por el juez Baltasar Garzón con la clausura del diario "Egin" el 15 de julio de 1998 y en ella se investigaron distintas formas de financiación de ETA a través de empresas y sociedades de la izquierda radical o, como se llaman ellos mismos, patriótica.