Pagos de pensiones alimenticias a debate

El problema de las pensiones alimenticias es que no se pueden efectivizar". "Los que no quieren pagar, no pagan y no hay cómo hacerles pagar".

Las dos frases recogen los testimonios de operadores del sistema judicial que opinaron en el estudio "Asignaciones familiares, pensiones alimenticias y bienestar de la infancia en Uruguay" realizado por Unicef y la Universidad de la República. Y asoman en un país que presenta una de las mayores tasas de divorcio de América Latina (34,8%).

Si bien la ley prevé la posibilidad de recurrir al embargo de bienes, con frecuencia se ponen "a nombre de un tercero o enmascarados en una sociedad anónima, cuando el demandado persiste en eludir total o parcialmente la obligación".

Precisamente, los que ponen más resistencia para pagar la pensión no son los de bajos recursos sino los que tienen bienes.

Un juez de Familia declaró que "el grueso es gente que tiene una relativa capacidad económica. La gente muy pobre no viene, porque entre otras cosas están marginados (...). Son los clientes de la justicia penal y ahora en parte, los clientes en materia de violencia doméstica. No son clientes de los juzgados de familia, o sea que ‘familia’ también se constituye en una especie de lujo...".

Directamente los más pobres, "ni siquiera se presentan ante la justicia para litigar por pensiones alimenticias en la medida que anticipan que sus posibilidades de éxito para determinar los ingresos del padre son prácticamente inexistentes".

De acuerdo a un estudio de la especialista Marisa Bucheli, el 60% de los menores de 21 años que no conviven con su padre biológico, no recibe transferencias económicas de éste último, luego de la ruptura. En el 90% de los casos son las mujeres que siguen conviviendo con los hijos. Entre los sectores de menores recursos los principales problemas que se generan son la informalidad del trabajo y que los deudores con trabajos estables, pero escasamente remunerados, abandonan sus tareas ante la amenaza de retención judicial.

Una abogada declaró que "incluso los empleados públicos dejan el trabajo tranquilamente si ganan muy poco (...) y tienen un gran número de hijos; si les descuentan 25% o 30% no les sirve trabajar".

Para este trabajo dirigido por Marisa Bucheli, Wanda Cabella y Andrea Vigorito, entrevistaron a los jueces de Familia María del Carmen Díaz, Miriam Musi, el ministro del Tribunal Ricardo Pérez Manrique, la catedrática Ema Carozzi, el director de la Defensoría de Oficio Raúl Antúnez, la ex directora de esa oficina, Mabel Rivero, y la defensora Lucila Rozada. También aportaron testimonios el secretario general de los Servicios de Asistencia Letrada del Interior, Mario San Cristóbal, la directora del Departamento de Asistencia Social del ITF, Amelia Stagno y la presidenta del Colegio de Abogados, Edith Wieder.

REGISTRO. La ley prevé sanciones penales para los deudores, pero en los hechos esto es poco efectivo. "En los pocos casos en que el juez de Familia traslada el caso a los juzgados penales, el incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias suele ser un delito menor frente a los asuntos que tratan los jueces de esta materia".

"Los jueces penales es algo que toman con pinzas; citan al individuo, conversan, lo vuelven a citar... nunca lo procesan. Yo creo que hay que ser más exigentes", opinó otro de los consultados.

Para solucionar ese problema la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de la diputada Daisy Tourné que crea un Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

El proyecto que ahora ingresó en el Senado considera como deudor alimentario a quien debe tres cuotas consecutivas o cinco alternadas a un beneficiario menor de 21 años, que fue intimado y no pudo demostrar su insolvencia.

La inscripción en este registro constituye una penalización porque estar en el registro le impide abrir cuentas bancarias, emitir o renovar tarjetas de crédito y otorgar créditos.

Los hijos de padres separados muchas veces no solamente sufren un deterioro del nivel de vida ante las dificultades para cobrar la pensión, sino que "quedan en calidad de rehenes del conflicto y ven interrumpida la continuidad de relaciones con su progenitor".

Según señala el estudio, la intensidad del conflicto entre los padres interfiere tanto en el proceso de negociación de la pensión alimenticia, como en la fijación del régimen de visitas.

Agrega que "cuando el nivel de conflictividad es alto los padres suelen retacear los recursos económicos hacia el hogar donde viven sus hijos —en general porque cuestionan la forma en que las madres asignan el dinero— y estas últimas tienden a obstaculizar el contacto de los hijos con su padre".

Otro aspecto considerado por los entrevistados es que la legislación no ha acompasado los cambios ocurridos al interior de las familias, particularmente en lo que refiere a la distribución de roles de género en el cuidado de los niños.

REALIDAD - "En niveles bajos, muchas veces lo que sucede es que realmente los ingresos son miserables y el juez lo que hace, como los propios jueces dicen, es ‘repartir miseria’ (...). Entonces el problema está mucho más allá de lo jurídico. Es de orden económico real".

DEMANDAS - "La madre sabe que (el padre) no tiene. No se va a gastar en ómnibus y en tiempo para no conseguir nada, porque los mismos abogado, les dicen a las madres que inicien demanda sólo cuando sepan que tiene algo".

CONTUMACES - "De los casos que he mandado (a la justicia penal) hasta el día de hoy no tuve novedades y eso que sólo van a penal los contumaces, esos a los que se les detecta dónde están trabajando y dejan el trabajo".

SUBSIDIARIA - "Muy pocos casos se mandan a Penal. Se recurre más a la pensión subsidiaria, porque en definitiva lo que quiere la madre es el dinero".

DERECHOS - "Siempre las discusiones son que el padre no conviviente pide un régimen de visita más amplio, la parte tenedora no lo atiende, y hay que admitir que la mayoría de las veces hay un fuerte incumplimiento de la madre tenedora de lo que está pactado, y es muy difícil, cuando no hay voluntad de partes, asegurar el derecho del niño..."

VISITAS - "Los hombres pelean más por visitar a sus hijos (...). El padre que pretende visitar a sus hijos tendría que tener una respuesta de una audiencia en no menos de quince días, pero en lugar de eso tiene que iniciar un juicio. (...) A todo eso pasan cinco o seis meses (es el promedio) sin que el padre o la madre vea a los hijos, y eso produce desacostumbramiento."