CANELONES | PATRICIA MANGO
La bancada de ediles colorados de Canelones prepara el el primer llamado a sala de la administración de Marcos Carámbula que podrá convocar al propio intendente o al director de Administración Daniel Muñoz.
Los ediles se manifestaron preocupados por la finalización de unos 2.000 contratos en el mes de diciembre y lo que denuncian como una "ausencia" de políticas claras sobre el futuro de esos funcionarios. La inestabilidad laboral y las permanentes consultas de los posibles afectados por la no recontratación, motivó a la bancada colorada a elaborar este llamado que aspiran se concrete a fines de noviembre, dijo a El País el edil forista Julián Ferreiro.
El edil recordó que el actual oficialismo denunció el cese de 400 contratos y 300 de obra pública durante las últimas elecciones municipales.
Ferreiro sospecha que las actuales jerarquías no evaluarán a los empleados sobre la base de la idoneidad, tal como lo hacen en ámbitos como los secretarios de la Juntas, que salen de los Comité de Base del Encuentro Progresista.
Ferreiro dice que el objetivo no es poner en tela de juicio al intendente Carámbula. "El objetivo no es el intendente. Si así fuera, hay 25 pedidos con vencimiento de plazo que no fueron contestados".
En esta semana se ingresará a la Junta Departamental la solicitud de llamado a Régimen de Comisión General y será el presidente y secretario del legislativo quienes decidan la fecha.
La idea no es obstaculizar nada sino buscar compromisos. Si no se cumplen, tomaremos otras medidas" disparó Ferreiro.
ZAFRALES. Alrededor de 600 funcionarios zafrales de la Intendencia de Canelones serán evaluados para determinar si prorrogan su contrato, son incorporados a la comuna a través de una bolsa de trabajo, o son definitivamente desvinculados adelantó a El País el director General de Administración Daniel Muñoz.
El jerarca desmintió categóricamente versiones de prensa que mencionaban una caída absoluta de todos los contratos de esta modalidad.
Confirmó además que los zafrales serán justamente trabajadores "por zafra".
Los criterios a aplicar en la evaluación serán tres. La primera variable será la de la asiduidad. Se tomará en cuenta que el zafral no haya faltado más de cinco veces. Si hubo más inasistencias, se contemplarán únicamente los casos de enfermedad o de actividad sindical.
En segundo lugar la necesidad del servicio en el que preste funciones y en tercer término el desempeño personal del empleado. El que obtenga una buena evaluación en general continuará en principio hasta el 30 de junio de 2006.
Probablemente sea a través de un contrato de función pública —que normalmente dura un año—para después integrarlos a la categoría de presupuestados.
Si el resultado de la evaluación es positivo y se determina que el servicio que presta es innecesario, el trabajador pasará a integrarse a una "Bolsa de Trabajo" en la Dirección de Recursos Humanos.
Las dudas y las certezas
El Tribunal de Cuentas (TCR) investigará a la Junta canaria por no controlar la creación de casi 40 nuevos cargos de confianza y la política de cese de trabajadores. Además, el pasado 7 de junio el intendente Marcos Carámbula firmó el cese de 93 funcionarios. El TCR le envió al jefe comunal una carta solicitándole la misma información que no pudo obtener en la Junta, según informó ayer el semanario Búsqueda.