Policía acusada de brutalidad y demora

Los 16 detenidos por los incidentes de la Ciudad Vieja acusaron de brutalidad a los policías que los detuvieron. En tanto, la demora en actuar que tuvo la Policía también es objeto de cuestionamientos, tanto por parte de comerciantes de la zona como de representantes de la oposición. Según datos manejados por el diputado Alvaro Lorenzo (Partido Nacional) los uniformados tardaron 45 minutos en tomar intervención. Por lo pronto, el Ministerio del Interior no ha iniciado investigación interna sobre los procedimientos policiales, así lo informó ayer el director general de la Policía Nacional, el inspector general (retirado) Sidney Ribeiro.

Altas fuentes del Ministerio consultadas por El País reconocieron que la actuación policial estuvo lejos de ser satisfactoria en al menos tres aspectos. La demora en llegar al lugar de los hechos y el manejo previo de información adecuada sobre la naturaleza de la marcha. En segundo lugar, la propia intervención de los uniformados con un uso excesivo de violencia. Y en tercer lugar, un hecho que preocupó mucho a la cúpula ministerial fue la participación de particulares que atacaron a golpes a los manifestantes cuando eran detenidos ante la pasividad de los policías que estaban actuando.

El propio ministro del Interior, José Díaz, reconoció de algún modo los excesos de los policías pero al mismo tiempo defendió la actuación al aseverar que "no hay una intervención policial químicamente pura".

Mientras tanto, la Policía y, en particular, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) aguardan las directivas del juez Juan Carlos Fernández Lecchini, quien tiene a su cargo la indagatoria, para profundizar en la naturaleza del grupo violentista que escogió como blanco de sus destrozos varios locales bancarios, el edificio de la Bolsa de Valores, el Ministerio de Vivienda y decenas de vehículos estacionados en las calles de Ciudad Vieja por donde pasó la marcha. Por lo pronto, tanto para las propias autoridades policiales como para la organización Plenaria Memoria y Justicia parece claro que quienes causaron los desórdenes pertenecían a núcleos distintos de militantes. De hecho, de los 16 detenidos tras los disturbios Plenaria Memoria y Justicia reconocía sólo a dos como integrantes propios.

LOS DETENIDOS. A media tarde el abogado Gustavo Salles, que representa a 11 de los 16 detenidos, salió del edificio judicial de la calle Bartolomé Mitre para dialogar con el nutrido grupo que esperaba afuera. "Los muchachos están bien, un poco cansados como es lógico, pero bien, ninguno de ellos fue maltratado y por otra parte ellos mismos lo hubieran expresado", les explicaba Salles a las decenas de personas, en su mayoría jóvenes, que se agolpaban a las puertas de la sede judicial.

Unas 80 personas respondieron a la convocatoria de la organización Plenaria Memoria y Justicia a concentrarse frente a los juzgados de turno. A ellos tanto Salles como otro de los tres abogados que defendían a los indagados, informaban a intervalos de lo que iba ocurriendo en el quinto piso del edificio, donde se encuentra el Centro de Instrucción Criminal.

"Se viene cumpliendo con todas las garantías del proceso, incluso el juez esperó a que estuvieran los abogados presentes para llamar a los detenidos al primer reconocimiento que se hizo con los funcionarios aprehensores", dijo poco después a El País el abogado Salles.

En esa primera instancia a la que aludía el jurista los policías que participaron del procedimiento en Ciudad Vieja hicieron un reconocimiento, cara a cara, con quienes habían detenido durante los disturbios. "Durante ese mismo reconocimiento, varios de los muchachos denunciaron brutalidad policial, señalando al funcionario que había actuado", indicó Salles.

Luego el juez llamó a careo individual entre policías y detenidos, para examinar sus dichos. Otra de las instancias clave cumplidas ayer fue el examen de un video de televisión donde se apreciaban claramente las imágenes del momento en que los policías procedían a detener manifestantes y, en algunos casos, donde se veía a algunos de estos provocando destrozos.

En el ámbito judicial se manejaba que el juez Fernández Lecchini y la fiscal Elsa Machado llegarían hoy a un dictamen para determinar la responsabilidad penal de cada uno de los detenidos.

REACCIONES. Para el próximo 22 de noviembre se fijó la interpelación al ministro del Interior, José Díaz. El diputado Alvaro Lorenzo, que será el miembro interpelante, dijo a El País que "las características de lo que pasó ayer (viernes) son confirmatorias de la paralización de la Policía". Unas horas antes, el presidente del Directorio del Partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga, había pedido públicamente la renuncia de José Díaz a la cartera.

"Hemos ido consolidando la opinión en cuanto a que el ministro se tiene que ir", señaló el diputado Lorenzo y en el análisis de la situación agregó que "nos encontramos con dos aspectos: por un lado gente que se siente en condiciones de transgredir las leyes por un clima que les es propicio, y por otro lado tenemos una Policía que no actúa si no recibe instrucciones. Por lo tanto lo que tenemos es un manejo paralizante de la Policía y no digo por parte del Ministerio del Interior, sino por parte del ministro Díaz".

En cuanto a la actuación policial, el inspector Sidney Ribeiro señaló a El País que, si bien se disponía de información sobre la realización de la manifestación, no se prevían los desbordes. "No se podía prever lo que pasó, todo se desarrolló en forma pacífica hasta que se dividió esa concentración y un grupo comenzó a provocar los incidentes", señaló Ribeiro.