Derechos sí, obligaciones también

PARA el Ministerio de Trabajo, el conflicto de Dirox se ha solucionado y hoy se firmarían los términos del acuerdo para desocupar la planta industrial ubicada en el departamento de San José, sobre el kilómetro 48 de la ruta 1. Sin embargo, ni los ocupantes, ni los trabajadores que no ocupan y quieren trabajar, ni los representantes de la empresa (se trata de capitales italianos), están muy seguros que se concrete. Tras prácticamente dos meses de ocupación —matizados con reiterados anuncios de solución del conflicto— la incredulidad ha ganado a los actores principales.

En momentos en que el gobierno termina de realizar un largo periplo por el Viejo Continente, con la idea de "vender el Uruguay progresista" a los inversores privados, el tema Dirox era una "piedra en el zapato", que de alguna manera había que quitar. Porque debe ser muy difícil hablar de las bondades de nuestro país y tentar la venida de capitales, con el lamentable espectáculo de una planta industrial ocupada por 15 personas, que cerraron las puertas e impidieron el acceso a su lugar de trabajo a las cuarenta y pico restantes de la plantilla, ante la más absoluta e irritante pasividad de las autoridades competentes.

NO tenemos dudas que aquí —salvo para el Ministerio de Trabajo— y en Europa, sobre todo en los países con fuerte arraigo democrático que son, además, los posibles inversores, 15 es mucho menos que 45, y las decisiones de las minorías nunca pueden truncar los derechos de la mayoría. Porque la esencia de la democracia es el gobierno de los "más" y el respeto de los "menos" a esa voluntad. ¿Y cuál es la garantía para los inversores, si una vez instalados, una minoría de sus trabajadores aplica la doctrina Dirox? Con ese antecedente ¿es realmente atractiva la opción Uruguay o es mejor buscar otro país donde se acaten —para empezar a conversar— las mayorías?

Y, en tren de seguir haciendo preguntas, ¿qué hubiera pasado si Vázquez no visita Italia y recibe allí la "preocupación" de sus autoridades? ¿La ocupación hubiera seguido eternamente y nadie se daba cuenta del daño —y la injusticia— que significaba?

La realidad es que cuando este gobierno dejó sin efecto la posibilidad de recurrir a la fuerza pública en el caso de ocupaciones —que son o pueden ser flagrantes violaciones al derecho de propiedad y al derecho al trabajo— dejó abierta una canilla que es muy difícil de cerrar. La Justicia podría intervenir en algunos casos, pero no lo hace porque éste se ha transformado en un tema esencialmente político; por algo se derogó ese decreto. La simple lectura sobre esa decisión dice que el gobierno considera apropiado que se ocupen los lugares de trabajo ante los primeros síntomas de desacuerdo, o cuando hay alguna reivindicación que no es rápidamente aceptada o cuando existe alguna medida de la empresa que molesta al sindicato o, simplemente, cuando lo estimen conveniente.

No hay dudas tampoco, que el Ministerio de Trabajo ha asumido un protagonismo excluyente en lo que se refiere a relaciones laborales. La instalación de los Consejos de Salarios, las tripartitas, las cuatripartitas, la ley de fuero sindical, por citar algunos episodios, han marcado una presencia que, con el argumento de equilibrar la balanza, la han terminado haciendo añicos. Porque el ministerio dispone de un arsenal de medidas para el caso de incumplimientos del sector patronal, pero no tiene nada previsto para cuando es el sector obrero el que no respeta los acuerdos —Conaprole es otro ejemplo— y las normas de convivencia.

EL gobierno apuesta a fortalecer los sindicatos. No hay reproches en eso, siempre que quede bien claro que todos los derechos traen aparejados también obligaciones y responsabilidades.

Ojalá que el triste suceso de Dirox haya dejado alguna enseñanza, más allá de dejar la posibilidad de alguna abultada reclamación contra el estado uruguayo por daños y perjuicios. Si algo se aprendió de este conflicto mantenido por una minoría en detrimento de los derechos de la mayoría, nos damos por conformes. Lo lamentable sería que no se haya aprendido nada y se esté gastando tiempo y dinero en costosos viajes para atraer inversores que nunca vendrán. Porque una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, que es en definitiva lo que cuenta.

Avanzan las conversaciones entre los intendentes del centro del país para optimizar sus recursos y mejorar los servicios mediante la colaboración y regionalización de algunos emprendimientos. La idea es estudiar posibilidades que permitan llegar a acuerdos en temas comunes como recolección de residuos, caminería, seguridad, educación vial, de tal manera que los esfuerzos y recursos disponibles se sumen para beneficio de todos. En esa excelente idea están trabajando los jerarcas comunales de Flores, Durazno, Florida y San José.

Nuestro país posee dimensiones y características geográficas, sociales, culturales y productivas tan singulares que el sentido común aconseja procurar coordinaciones que favorezcan las gestiones y potencien los resultados. Desde luego, materializar este cambio cualitativo no es tan fácil pues se deben superar arraigados prejuicios y luchar contra mentalidades localistas que poco suelen aportar en beneficio de la comunidad.

Esta iniciativa ha generado mucha expectativa pues, además de los beneficios que pudiera generarle a las comunidades involucradas, del nivel de éxito que alcance dependerá que se intente imitar por otros intendentes en otras zonas del territorio nacional.