Piden reanudar contribución rural

Los intendentes de todo el país plantearon a la comisión de Presupuesto del Senado la necesidad de contar con partidas que les permitan obtener más recursos o, eventualmente, mediante la posibilidad de restablecer el cobro de impuestos que en su momento habían sido exonerados.

Una delegación del Congreso Nacional de Intendentes (CNI) concurrió a la comisión legislativa y dio a conocer su discrepancia con varias de las disposiciones contenidas en la ley de Presupuesto, con el fin de jugar la "última carta" en este sentido, según admitió el jefe comunal de Florida, Juan Giachetto (Encuentro Progresista-Frente Amplio).

Pese a representar al oficialismo, Giachetto se convirtió en uno de los voceros del grupo de diecinueve jefes comunales que volvieron a pedir ayer la incorporación al Presupuesto de algunas normas que no pudieron incluir durante el análisis presupuestal en la Cámara de Representantes.

Los intendentes creen que "aún hay tiempo de lograr alguna mejora más para las comunas", dijo Giachetto a El País. Por ejemplo, piden que se elimine la norma que exonera del pago de la contribución inmobiliaria rural a varios sectores de actividad, pero especialmente a las empresas forestales. Según explicaron en la comisión, el problema surge por el deterioro importante de las rutas nacionales a raíz del permanente tránsito de camiones para llevar al puerto de Montevideo la producción maderera.

Uno de los intendentes explicó a los senadores que anualmente transitan las rutas nacionales cerca de 35.000 camiones, cada uno de los cuales cargado pesa entre 40 y 50 toneladas. Las arcas de la mayoría de las intendencias de la zona forestal del país no cuenta con los recursos apropiados para el mantenimiento y reparación de las rutas nacionales y departamentales.

Asimismo, los intendentes pidieron que se extienda a los gobiernos departamentales el actual régimen legal de los pases en comisión dentro de la administración central.

Del mismo modo, pidieron que se habilite en el Presupuesto a conceder incentivos para el retiro de funcionarios pero, como ocurre en la administración central, sin el pago de aportes al Banco de Previsión Social (BPS). Las intendencias recibirán en este Presupuesto el 3,33% de todos los recursos estatales, lo que supone en los cinco años algo así como $ 3.400 millones. Esta cifra es un 28% mayor a la que se distribuyó en el Presupuesto pasado.