Resolució de Ejecutivo permite citaciones

La resolución del secretario de la presidencia Gonzalo Fernández por medio de la cual el Ejecutivo excluyó de la ley de Caducidad los casos de Simón Riquelo, Gerardo Gatti y Washington Barrios, deja la puerta abierta para que los jueces penales puedan comenzar a investigar los episodios y citar a militares incluso, antes de elevarlo al Ejecutivo, para consultar si los mismos están comprendidos en la norma.

Fernandez afirmó que para decidir si un caso está comprendido en la ley de Caducidad, el Ejecutivo debe verificar con la investigación judicial a la vista, si el hecho encuadra o no en la hipótesis legal de la caducidad.

Agregó que el Poder Ejecutivo no está en condiciones de arribar a un pronunciamiento de ese tenor, por cuanto de los antecedentes adjuntos no resulta que se hayan recabado los elementos de juicio necesarios para expedirse sobre la configuración de los requisitos legales antes señalados.

"Ya sólo por esa razón deberían devolverse estos obrados al juzgado de origen, a fin de que el mismo sustancie la indagatoria pertinente y, una vez culminada dicha investigación, eleve en consulta los autos respectivos", señaló. Fernández fundamentó esa posición en que el artículo 3 de la ley establece que el órgano jurisdiccional debe requerir al Poder Ejecutivo que informe dentro del plazo de 30 días de recibida la comunicación, si el hecho "investigado" se encuentra o no comprendido en el artículo 1 de la ley.

En relación al caso de Barrios, señaló que el Ejecutivo "no está en condiciones de arribar a semejante pronunciamiento" puesto que el órgano judicial "aún no ha instruido, ni indagado". Agregó que la ley habla del hecho investigado y ello implica que se sustancie la indagatoria judicial, recogiendo aquellos elementos de juicio que le permitan al Poder Ejecutivo formular su pronunciamiento.