PAYSANDU | SANDRA KANOVICH
El gobierno nacional estudia la posibilidad de instalar a corto plazo, un centro de control ambiental en Río Negro, donde se instalarán las plantas de celulosa de la española Ence y la finlandesa Botnia.
Así fue anunciado ayer por el intendente sanducero Julio Pintos, después de haber sido informado de la iniciativa por el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández.
Según Pintos, el INIA, el LATU y la Dinama estudian en forma conjunta la posibilidad de instalar sistemas de monitoreo, que permitan medir la calidad ambiental actual de la región, que al mismo tiempo, sirvan de referencia a eventuales modificaciones que se susciten en el futuro y como una señal de los controles que el Estado pretende ejercer sobre su actividad.
Invitado por Ence, e integrando una delegación de intendentes de la región, Pintos recorrió en la pasada semana dos de las plantas que la empresa tiene en Pontevedra y en Huelva, en España.
A su regreso, destacó la tecnología de avanzada —libre del contaminante cloro elemental— que en ellas se emplean y los sistemas de control ambiental implementados, que permiten el monitoreo permanente de la actividad industrial y que son ejecutados por los gobiernos locales.
Asimismo, subrayó que la generación de energía que la empresa produce con los elementos contaminantes que antes eran vertidos en los ríos, significa actualmente el 25% de la facturación de Ence.
Durante una reunión con la prensa local, el jefe comunal remarcó que los sistemas de funcionamiento y control empleados en Europa son los mismos que implementará la empresa española en Uruguay. También afirmó que la actividad de las papeleras no genera actualmente resistencias por parte de la población que reside en la zona donde están instaladas.
Si bien Pintos se ubicó entre quienes defienden la instalación de las plantas en Río Negro, relató que en una reunión con los integrantes de su directorio, planteó a Ence que para "terminar de perfilarse como empresa de desarrollo para el país", necesita encarar al menos dos "problemas".
Uno de ellos —consideró—radica en que las tierras empleadas para forestación se limiten a aquellas que no pueden ser utilizadas para otros destinos. El otro, son las condiciones laborales de los funcionarios, generalmente tercerizados, que se desempeñan en los montes.
Señaló que mostró documentación al respecto a los empresarios, quienes, aseguró, se mostraron receptivos a la preocupación y demostraron voluntad para involucrarse en el proceso para mejorarlas.