Eramos unos fenómenos. Cuando en abril de 1989 el pueblo confirmó la Ley de Caducidad que bien pudo pasar a la Historia como la Ley de Pacificación Nacional integrada con el bloque de las leyes de amnistía a los delincuentes guerrilleros y adláteres, nos miraban con admiración. Así Argentina, embarcada en el juicio de a los Comandantes, así Chile, que entonces retornaba a una institucionalidad tutelada. Entre nosotros, algunos partidos políticos y militares que habían entregado el poder con condiciones tan implícitas como evidentes —entre otra la impunidad— se habían puesto de acuerdo para que sin perjuicio de atender a la búsqueda de los desaparecidos en dictadura —aspecto ético insoslayable— dar la vuelta definitiva a la página más negra de nuestra historia.
De aquella "solución a la uruguaya", se ha hecho de la torta un pan. Por qué, lo sabemos todos. Preferimos no incursionar en los argumentos que pueden desembocar en una derogación de hecho de la Ley de Caducidad, y en la crisis del Estado de Derecho. No resisto más oír argumentar con Tratados Internacionales que, es cierto, el país debe incorporar a su legislación interna, pero que no pueden traer como consecuencia la retroactividad de la ley penal al crear nuevos delitos para atrás o a darle a los que ya existían connotaciones adjetivas que no la tenían. Por ahora quien habla con mayor sensatez es Vázquez —Tabaré, el Presidente— no su hermano el Prosecretario, ex guerrillero que ahora se preocupa por la imagen del país y de las fuerzas armadas. Si bien se comprende por razones obvias su interés en el tema, oír intentar razonar jurídicamente al senador Michelini sobre el tema me estimula los mismos impulsos de patear el televisor cuando veía los goles que Nacional erraba ante River. No debe hacerlo, porque es Senador y porque no sabe de derecho. Subleva oír al Embajador argentino cuando explica que él no interfirió con la Justicia uruguaya al adjudicarle al fallo del Tribunal el efecto de asegurar la impunidad de los autores de un asesinato infame. Y el colmo del masoquismo es tener la televisión prendida con la imagen de un dirigente del Pit-Cnt criticando al Fiscal, Dr. Moller.
Habrá que seguir peleando porque los valores que esta gente está amenazando y la ligereza con que hablan y dicen cualquier cosa que les viene a la cabeza en el momento, justifican no quedarse cruzado de brazos ante inconscientes con poder que, además, parecen no tener inconveniente en que el gobierno de Kirchner nos dé un tratamiento de Provincia. Pero me voy a tomar un descanso para desintoxicarme.
Hablando de intoxicaciones y cambiando el tema, aplaudo aunque les sorprenda la medida del gobierno de prohibir fumar a partir del 1º de marzo en lugares cerrados, oficinas públicas, y sitios de comercialización de alimentos como supermercados y comedores. Siempre defendí y seguiré defendiendo el derecho del fumador a condición —que quede constancia— del respeto al derecho del que no fuma. Entonces está bien que el Superior Gobierno termine así la polémica. Los que quieren y pueden fumar, a sus casas o al aire libre. No lo digo, que conste también, porque a mí las circunstancias me quitaron el placer del cigarrillo. No me molesta que me fumen al lado, si puedo aspirar el humo del cigarro puro, mejor, pero comprendo que no todos tienen por qué compartir mis gustos.
Pero con esta medida por lo menos nos sacamos un problema de tantos de encima. Y de paso ¿cuándo se va a resolver sobre trazabilidad del ganado con la aftosa ahí nomás, en Brasil?