Organizaciones ambientalistas piden que se interrumpa la financiación de las plantas

Buenos Aires - Organizaciones ambientalistas de Argentina presentaron hoy una denuncia ante sendas instituciones bancarias con sede en España y Holanda para que interrumpan su financiación a la instalación de dos plantas papeleras en Fray Bentos.

Los destinatarios de la denuncia son el español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el holandés International Netherlands Group, informaron en un comunicado la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, el Foro Ecologista del Paraná y la Red de Organizaciones Socio Ambientales de la provincia de Entre Ríos.

Precisamente el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, presentó recientemente una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para rechazar la instalación de las plantas.

Los grupos ecologistas advirtieron a las entidades bancarias que utilizarán "todas las herramientas que la creatividad popular, la democracia y el derecho brinden para que no se concrete la instalación de las fábricas" que construyen la española ENCE y la finlandesa Botnia.

Agregaron que esas empresas fueron identificadas por la normativa de la Unión Europea como "altamente contaminantes".

Destacaron además que las papeleras "violan convenciones ambientales de carácter internacional, porque falta un plan de protección ambiental para el río Uruguay" sobre el que se instalarán.

Asimismo, remarcaron que "no se han considerado los impactos acumulativos que su instalación podría provocar".

Los ambientalistas denunciaron también ante la Secretaría General de la Convención RAMSAR sobre humedales que la construcción de las fábricas afectará a los Esteros de Farrapos en Uruguay y al Parque Nacional El Palmar en Argentina, ambos declarados "lugares protegidos" por la riqueza de sus ecosistemas.

"Solicitamos a ese máximo organismo que adopte las herramientas disponibles para llamar la atención al gobierno uruguayo sobre su accionar contrario a la norma internacional que nos ocupa", expresaron al respecto.

En tal sentido, pidieron expresamente a los coordinadores nacionales de Argentina y Uruguay del Grupo de Examen Científico y Técnico de la Convención RAMSAR que se involucren en el proceso de evaluación del posible daño al medio ambiente que puede tener la implantación de las papeleras.

El gobierno argentino aspira a que la Corporación Financiera Internacional, que depende del Banco Mundial, suspenda la financiación de ambos proyectos hasta que se tengan resultados del estudio de impacto ambiental que está llevando a cabo actualmente técnicos de este país y de Uruguay.

EFE