Más obligaciones a empresas que tercerizan los servicios

Las empresas que tercerizan sus servicios estarán obligadas a hacerse responsable del pago de los salarios y los aportes patronales de las firmas que contratan, de acuerdo a un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo acaba de enviar al Parlamento.

La iniciativa instala el concepto de "solidaridad de la responsabilidad" en los casos de subcontratación de personal. Eso supone que quien contrata a una empresa intermediaria se convierte en responsable de las obligaciones del subcontratado.

El ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, dijo a El País que el proyecto obliga a contratar "empresas serias y responsables" y no "aventureras". El jerarca dijo que ahora hay empresas que utilizan las tercerizaciones "para evadir las responsabilidades".

Es que los conflictos donde hay tercerizaciones de por medio se repiten a menudo. Hace pocas semanas, por ejemplo, el sindicato de una empresa de seguridad ocupó una planta de Gaseba, donde trabajaban algunos de sus efectivos. En junio pasado, mientras tanto, fue ocupado el frigorífico Lorsinal por reclamos salariales. La mayoría de los trabajadores también respondían a una empresa subcontratada por los propietarios del frigorífico.

Actualmente la ley obliga a quien contrata a otra empresa a "hacerse responsable" únicamente en lo salarial, excluyendo la indemnización por despido. La iniciativa elevada al Parlamento incluye la indemnización en casos de despido, así como aportes al Banco de Previsión Social (BPS) y al Banco de Seguros del Estado (BSE).

En la exposición de motivos firmada por el vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Rodolfo Nin Novoa, se indica que la norma "busca modernizar la escasa legislación existente", y otorga "garantías de cobro al trabajador y a los organismos de previsión social, por sus respectivos créditos".

A su vez, "concede garantías a las empresas que subcontratan servicios en forma genuina, facultándoles a realizar controles sobre las empresas subcontratadas, deslindando de ese modo su responsabilidad".

OBLIGACIONES. Si la iniciativa es aprobada, las empresas que tercerizan sus servicios deberán exigir a las empresas contratadas "el adecuado cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social vigentes". Por eso, las empresas contratadas deberán exhibir a las empresas contratantes las constancias de pago, tanto de las remuneraciones de los trabajadores como de las contribuciones a la seguridad social, primas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Los empleados tendrán derecho a exigir a las empresas contratantes que retengan y paguen directamente lo adeudado "en concepto de remuneraciones u otros derechos apreciables en dinero provenientes de la relación laboral", mediante la intervención de la Inspección General del Trabajo.

Pero si la empresa contratante no efectúa los controles establecidos y no realiza retenciones, "será solidariamente responsable por los rubros salariales e indemnizatorios", así como por los aportes al BPS y primas del BSE.

En los casos de suministro de mano de obra temporal, las dos empresas "responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral".

El proyecto establece que la remuneración de los trabajadores "no podrá ser inferior al salario mínimo que rija para la categoría en la actividad en la cual se encuentran prestando servicios".