Contra la Corte

EL Proyecto de Presupuesto remitido al Parlamento por el primer gobierno frenteamplista no sólo puede calificarse de autoritario, centralista y sectario, sino también de vengativo.

En su momento llamó la atención que dentro de las ciento noventa y dos páginas y trescientos noventa y cinco artículos que lo integraban en su primera versión, no apareciera ninguna referencia a la Corte Electoral, que es el principal y más importante órgano "De la Justicia Electoral", como titula su Sección XVIII la Constitución. Ni tampoco al Tribunal de Cuentas, en una doble y sugestiva coincidencia.

En ese sentido, la Sección V del Proyecto de Presupuesto, bajo el acápite de "Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República", incorporó las normas que, según el Poder Ejecutivo, deberían aplicarse al Poder Judicial —bastante pobres—; a la ANEP, —de donde surgió que el prometido 4.5% del PBI no se cumple—; a la Universidad y al INAU. Pero no figuraban ni la Corte ni el Tribunal, pese a que el artículo 220 dice: "El Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, con excepción de los comprendidos en el artículo siguiente (que son los Entes Comerciales e Industriales), proyectarán sus respectivos presupuestos y los presentarán al Poder Ejecutivo, incorporándolos éste al Proyecto de Presupuesto.

ANTE ese silencio, un legislador recordó que "es la primera vez en la historia presupuestaria del país que el Poder Ejecutivo no incluye un articulado referido a la Corte Electoral", lo que condujo a investigar las razones por las cuales pudo haber ocurrido y profundizar el conocimiento de las causas.

Hay que empezar por reconocer que el Frente Amplio, tanto a través de sus dirigentes como de sus adherentes, no se ha caracterizado ni por su cariño ni por respetar a la Corte Electoral. En otra oportunidad hemos recordado que un recurso de referéndum que se presentara ante ella fue acompañado con miles de firmas donde había enmendaduras sin salvar; varios números iguales de credencial; firmas de validez discutible; escritas con tres o cuatro tintas repetidas o confeccionadas con más de una letra, llegando hasta aparecer varias veces como recurrente un ciudadano Roberto Gómez, cuyo nombre debería figurar el el Libro de los Récords.

Y en todos los casos la Corte Electoral se mantuvo firme, pese a los embates que vinieron, no sólo desde afuera, —manifestados a través de "escraches" al frente del edificio o en marchas de protesta que incluyeron una cadena humana organizada un lluvioso jueves 8 de mayo, que desplegara una gran bandera nacional entre la Puerta de la Ciudadela y la sede de la Corte—, sino también desde adentro, cuando un grupo de funcionarios, en abierta violación a lo que dispone el artículo 58 de la Constitución, impugnaron también ellos los procedimientos dispuestos en el referéndum de Ancap.

EN su pecado han venido a tener su penitencia. La lectura de las actas de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes permitieron enterarse que la Corte preparó un Proyecto de Presupuesto de catorce artículos donde se incluyeron dos tipos de normas: unas que demandaban egresos, y que podrían haber justificado por lo menos su discusión, pero también otras que no implicaban ningún desembolso.

Los funcionarios deben saber por lo tanto que se reclamó para ellos una nueva tabla de sueldos en función de seis u ocho horas de trabajo; que se ajustaran los grados mínimos y máximos de los escalafones; que se pidió para todos el pago de la cuota mutual; que se pretendió incrementar el Fondo con el que se atiende la prima por asiduidad y una partida por funciones especializadas, así como la realización de impostergables reformas en los edificios donde trabajan.

ADEMAS, sin que le costara nada al Erario, solicitó que se la autorizara a incorporar al presupuesto a quienes ya son contratados permanentes y a destinar parte de los recursos de libre disponibilidad con los que legalmente cuenta para el pago de incentivos; que se la facultara a racionalizar la estructura orgánica de sus Oficinas; a disponer la extensión horaria de sus reparticiones cuando las circunstancias lo exigieren y a incrementar, con cargo a la deducción de otros créditos, las compensaciones de quienes quedan a la orden sin límite de horario. Sobre ninguna de ellas se expidió el Poder Ejecutivo.

Las posibles razones del silencio han venido a conocerse ahora a través de las actas de la Comisión, donde un Diputado señaló que "lo que está subyacente en toda esta conversación y en todas las que tendremos respecto al presupuesto de la Corte Electoral es la integración de la Corte"; que "la presión política sobre un organismo se puede hacer por varias vías; la de impedirle que tenga un presupuesto es una de ellas", aclarando que "la no inclusión de un presupuesto de la Corte Electoral en el documento presupuestario del Poder Ejecutivo es un hecho político, no es un error ni un olvido" y cerrando sus declaraciones con la siguiente frase: "Esto es parte de una lucha política que me parece que el Gobierno... está comenzando a dar, esta vez por la vía presupuestaria. Hablo de la integración de la Corte Electoral".

O sea que, por no haberse logrado un acuerdo para la renovación de los titulares de la Corte Electoral, —y tampoco del Tribunal de Cuentas—, el Gobierno habría optado, de acuerdo a las expresiones transcriptas, por sitiar a los organismos utilizando el instrumento del presupuesto y el arma de los recursos, usando a la vez como rehenes a los funcionarios y a los beneficios que les corresponden.

Aquellas manifestaciones fueron ratificadas, en los hechos, por la mayoría frenteamplista de la Cámara de Diputados que el viernes pasado, llegado el momento de votar, contempló algunas propuestas planteadas por la Universidad, por ANEP, el Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso. Pero a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas —tomando una frase que se escuchó en otros tiempos—, ni un vaso de agua.

Y conste que incluso llegaron a votar en contra de una moción presentada por la bancada del Partido Nacional promoviendo que se aprobara el proyecto tal como fuera remitido por la Corte.

La opinión pública y los funcionarios deben saberlo.