La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) trasmitió a legisladores de todos los partidos que la disminución abrupta en las horas de vuelo de sus pilotos, que es consecuencia inmediata de las nuevas pautas presupuestales impartidas por el gobierno, tiene una relación directamente proporcional al aumento de los accidentes fatales.
En una serie de estadísticas entregadas a los miembros de la comisión de Defensa Nacional de Diputados, a las que tuvo acceso El País, se advierte que es riesgoso abatir el total de horas de vuelo anuales a 8.598, es decir menos de la mitad de lo que se considera "adecuado" para el entrenamiento por parte de los militares.
Integrantes de la FAU entienden que esta situación pone en riesgo la vida de sus efectivos, así como la capacidad de cumplir adecuadamente con las misiones que tiene a su cargo. La aviación militar cumple actualmente con tareas de búsqueda y rescate, evacuación aérea, se realiza transporte de órganos o se brinda apoyo a situaciones de emergencia.
El Partido Nacional propuso, durante la discusión del Presupuesto general de gastos del país llevada a cabo en Diputados, una serie de aditivos para tratar de paliar las dificultades presupuestales que enfrenta la Fuerza Aérea.
Estas propuestas suponen, entre otras medidas, la reasignación de los recursos destinados a distintas actividades que constituyen la capacidad ociosa que tienen las Fuerzas Armadas en general así como la posibilidad de impulsar emprendimientos de economía mixta con instituciones privadas.
Según manifestó el diputado nacionalista Javier García en el plenario de la Cámara de Representantes, durante el debate presupuestal, está planteada la posibilidad de redistribuir vacantes dentro de la Fuerza Aérea para ejercer con mayor profesionalidad la función de policía aérea que tienen las Fuerzas Armadas.
DE ACUERDO. Por otra parte, se manejó la idea de cobrar los servicios que brindan las Fuerzas Armadas a personas físicas o instituciones privadas para reinvertir en la Fuerza Aérea, así como obtener recursos económicos por la enajenación de algunos bienes inmuebles que no prestan servicios a las Fuerzas Armadas, reinvirtiéndolos en áreas de necesidad auténtica.
"Sobre estos aditivos consultamos al gobierno, al señor subsecretario de Defensa Nacional (José Bayardi) y lo particular es que el propio gobierno dijo que estaban de acuerdo en un 95% con ellos. Lo que no entendemos es como se está de acuerdo y no se los apoya", expresó el diputado nacionalista García en esa instancia presupuestal.
García indicó que sobre las situación en la que se encuentran las Fuerzas Armadas, "el gobierno no ha emitido ningún mensaje, no ha manifestado ninguna política, ya no referida a la emergencia, sino a cuál es su visión de mediano y largo plazo".