Por corrupción, Argentina perdió U$S 10.000 millones

BUENOS AIRES LA NACION/GDA y AFP

Un país sin funcionarios corruptos cabe sólo en la imaginación. Pero si se hiciera el ejercicio de suponer que esa nación imaginada es la Argentina de los últimos 25 años, el Estado contaría hoy con U$S 10.000 millones más en sus arcas, dinero suficiente, por ejemplo, para terminar tres veces con la indigencia en el país o desde ya cancelar todos los pagos previstos por deuda externa para 2006.

Exactamente de U$$ 10.144 millones es el pedazo de la torta pública que se llevaron los corruptos argentinos desde 1980 hasta la fecha, según estudio presentado ayer en Buenos Aires. El informe, realizado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), analizó 750 causas judiciales relacionadas a casos de corrupción en los últimos 25 años.

Pero la cifra es sólo la base del costo social de la corrupción en ese país, pues quedaron por fuera aquellos casos que no tuvieron trámite judicial, por ejemplo, por no haber salido a la luz. Además, el estudio estimó en U$S 30.000 millones el monto de los capitales argentinos —privados y públicos— fugados al exterior desde 1980.

El Cipce presentó asimismo la primera base de datos sobre corrupción en Argentina, que detalla los 750 casos de corrupción analizados y 1.485 acusados entre funcionarios, allegados y empresarios. De la lista de imputados surgen algunos nombres conocidos, como el ex presidente Carlos Menem, su ex ministra María Julia Alsogaray o el conductor de televisión Gerardo Sofovich.

"Una de las funciones de la base de datos es la de dimensionar el daño social producido por tipo de delito y por sector de actividad, para que podamos comprender que los crímenes económicos producen víctimas y violan los derechos humanos", señaló el director de Cipce, Pedro Biscay. El organismo anunció que en los próximos días el banco de datos estará a disposición del público a través de internet.

IMPUNIDAD. Otro aspecto de relieve en el informe es la tardanza, cuando no la impericia, de la Justicia para juzgar los episodios de corrupción en Argentina.

El Cipce, compuesto por cuatro ONGs de destacados juristas y economistas argentinos, evaluó 750 causas judiciales en todo el país en las que empresas, bancos, gerentes, funcionarios públicos y del sector privado que estuvieron involucrados en casos de corrupción y delitos económicos, como contrabando, fraudes tributarios y lavado de dinero o algún otro tipo de prejuicio a fondos públicos.

De las esas 750 causas, sólo el 3% obtuvo una condena, mientras que el 7% está en poder de un tribunal oral (en etapa de sentencia) y el restante 90% aún permanece en período de investigación, es decir recolectando pruebas y testimonio, pese a que en algunos casos los episodios se remontan a la década del 1980.

"Creemos que hoy como nunca antes es primordial defender los fondos del Estado", dijo el penalista Alberto Binder, presidente del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, uno de los integrantes del Cipce.

Según el organismo, la base de datos, que pretende elaborar un archivo histórico sobre corrupción en Argentina, es una respuesta a ineficacia judicial. "El contexto está signado por la ineficiencia del sistema judicial para perseguir este tipo de delitos y por ello existe la necesidad de reforzar la consciencia pública sobre este tema".

BRASILIA

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó hoy un informe que recomienda la expulsión de 13 parlamentarios, la mayoría de ellos de la base aliada del gobierno del presidente Luiz Lula da Silva y acusados de recibir dinero de la caja ilegal del oficialista Partido de los Trabajadores.

Por cinco votos a uno la mesa aprobó la recomendación y envió el informe al Consejo de Etica, que someterá a proceso a los legisladores por "falta de decoro". La destitución o no de los diputados será resuelta en el plenario de la cámara por mayoría y en votación secreta.

Los diputados destituidos perderán sus derechos políticos por ocho años y no podrán volver a ser candidatos en las elecciones de 2006.

Entre los amenazados con perder el mandato hay seis diputados del PT, entre ellos el ex presidente de la Cámara, Joao Paulo Cunha, seis de partidos aliados, y uno opositor.

MEXICO

El lunes último, la cadena de televisión Televisa informó que el ex gobernador del Estado de México y precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Montiel, depositó U$S 3,2 millones en una cuenta bancaria de su hijo. La denuncia, que es investigada por la Policía, copó la escena política del país, en campaña por las elecciones presidenciales del año próximo.

PERU

La primera dama, Eliane Karp, fue acusada de recibir una coima de U$S 5 millones de empresa europea para instalar negocios en Perú. Además, son sospechosos el hermano menor del presidente Alejandro Toledo y cercanos asesores.