Las 74 subastas de inmuebles que tiene previstas el Banco Hipotecario (BHU) para la próxima semana, integran una lista de 328 ejecuciones extrajudiciales que dispuso el Directorio de la institución cuando asumió en abril.
Ayer el BHU publicó en el diario La República una separata donde se detallan las ejecuciones extrajudiciales para la última semana de agosto.
Del total, 39 son de propiedades en Montevideo y el resto en el interior del país.
El director del BHU Walter Morodo dijo a El País que desde que las nuevas autoridades asumieron en abril la cantidad de remates extrajudiciales ha aumentado.
En abril fueron 43, en mayo 51, en junio 76, en julio 84 y para agosto están previstas 74. Agregó que hay una "importantísima" cantidad de nuevos inmuebles que están siendo estudiados por el BHU para ser rematados, que ubicó en el entorno de los 1.000 o 1.200.
Morodo destacó que si bien el BHU determina una cantidad de remates, en muchos casos el deudor de la propiedad llega a un acuerdo con la institución y la subasta queda sin efecto.
Puso como ejemplo que en julio se remataron 84, cuando en un principio se pensaba subastar unos 120.
De acuerdo a la Carta Orgánica del BHU, la institución puede realizar los remates sin dar cuenta a la justicia, a través de lo que se denomina "ejecución extrajudicial".
La institución, sin embargo, puede dar cuenta a la justicia si el ocupante de la propiedad no abandona la residencia cuando tiene que hacerlo.
Indicó que si el inmueble no llega a ser subastado, el BHU dispone de 90 días para ponerlo nuevamente a remate bajando el precio de base. Si después de otros 90 días tampoco se logra un comprador, la propiedad pasa a la institución.
Si bien la cifra de remates se ha incrementado desde que asumieron las nuevas autoridades, Morodo destacó que también creció la cantidad de oferentes por esas propiedades.
En ese sentido, indicó que mientras que en abril había un 10% de oferentes, esa cantidad aumentó ahora hasta ubicarse en 28%.
El jerarca dijo, por otra parte, que muchos deudores han alcanzado una solución con el BHU para evitar que la propiedad sea rematada.
ANTECEDENTES. Cuando en abril asumieron las autoridades del BHU, hubo diferencias entre los jerarcas y algunos integrantes de la bancada oficialista, que reclamaron una suspensión de las ejecuciones.
Incluso, existieron problemas de comunicación, porque en principio desde el Poder Ejecutivo se había dispuesto que la banca oficial prorrogara por 60 días los remates para estudiar "caso a caso", pero desde el BHU se negaba haber recibido una notificación formal.
Las autoridades del BHU destacaban, además, que la propia institución había dispuesto el "caso a caso" y que las subastas se llevaban adelante después de analizar las situaciones en particular.
Las principales críticas a las ejecuciones partieron del Movimiento de Participación Popular (MPP), que reclamó, sin éxito, una suspensión de las mismas.
Finalmente, a fines de abril, la bancada oficialista y el BHU parecieron alcanzar un acuerdo, ya que los parlamentarios respaldaron la actuación de las autoridades.