Hubo votación dividida en BPS por responsabilidad solidaria

El directorio del Banco de Previsión Social (BPS) decidió el miércoles —con el voto contrario del representante empresarial en el cuerpo, Mario Menéndez— encomendar a sus servicios la redacción de un proyecto de ley para ser elevado al Poder Ejecutivo, que establezca que las empresas que tercericen servicios serán solidarias por eventuales incumplimientos de las firmas contratadas de sus obligaciones previsionales.

El proyecto debería estar pronto en la próxima semana, dijo a El País el director en representación de los trabajadores en el BPS e impulsor de la iniciativa, Ariel Ferrari, que quitó entidad a las críticas empresariales. Esas críticas, adujo, son consecuencia "del desconocimiento".

"No creo que ningún empresario de ningún sector pueda negarse cuando recibe la factura de la empresa con la que tercerizó, a pedirle el certificado de que está al día con el BPS. Es el único acto que se le pide", dijo Ferrari. "Muchas empresas contratan así para desregular y flexibilizar. No se pueden negar a pedir el certificado salvo que sean cómplices", sostuvo.

Sin embargo, Menéndez consideró que la decisión va contra la certeza jurídica. "Si de aquí a dos o tres años una empresa faonera con la que contraté ahora desaparece o su dueño se va y sus trabajadores reclaman, se me van a venir a mí que soy el último eslabón de la cadena. Es algo incontrolable. Tendría que tener un departamento contable para controlar a las empresas con las que se terceriza", argumentó.

"A nivel empresarial no hay dos opiniones sobre el tema", advirtió.

Juan Mailhos, asesor de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, había dicho a El País que si se aprobaba la resolución "nadie va a querer tercerizar" y que el BPS pretendía trasladar al sector privado sus facultades inspectivas. El presidente de esta gremial, José Luis Puig, entiende que la medida atenta contra las tercerizaciones que es un instrumento crecientemente utilizado.

De todas formas, Menéndez no quiso cargar las tintas en la actuación de la mayoría del directorio. "Hay posiciones en el directorio no compartibles como esta pero respetables. Yo creo que la mayoría del directorio tiene la mejor intención y una concepción de la seguridad social diferente. Yo puedo acompañar algunas cosas y otras no. Ha habido decisiones vinculadas a la transparencia que han estado bien tomadas", reconoció.

La legislación vigente establece que si los trabajadores de empresas que dan servicios a otra quieren recurrir por incumplimiento de pagos deben hacerlo primero ante la compañía que los contrató. Si esta no responde se la ejecuta y si estas dos medidas no son suficientes, pueden ir contra la firma que contrató a sus empleadores. El cambio que impulsa Ferrari supone que desde un primer momento los asalariados pueden recurrir ante las dos empresas.