Bancos preocupados por proyecto de ley de usura

Los bancos privados expresaron al equipo económico su preocupación porque temen que el nuevo proyecto de ley de usura podría desviar crédito del mercado formal al informal, según dijeron a El País fuentes financieras.

En los contactos que hubo entre altos ejecutivos de la banca y representantes del Ministerio de Economía se analizaron los riesgos que podría tener la iniciativa.

Los funcionarios de Economía creen que el proyecto —que amplía el control a prestamistas y cooperativas no financieras— no debería atentar contra el mercado formal de préstamos, dijeron a El País fuentes oficiales. Creen que con la tendencia de baja en la inflación —que es seguida por una disminución récord en 2005 de las tasas de interés— los nuevos topes a partir de los cuales se configurará el delito de usura no deberían restringir al mercado formal.

El anuncio de que el proyecto entre en su fase final de redacción podría llevar a que los actores del mercado busquen nuevas vías de refinanciación de deudas antes que la iniciativa se transforme en ley, dijeron fuentes privadas.

A pesar de estas advertencias los representantes de la banca destacaron positivamente la intención del Ministerio de Economía de buscar alternativas que contemplen los planteos de los privados, así como también su disposición al diálogo.

Los encuentros se desarrollaron en las últimas semanas, cuando el proyecto estaba casi culminado. Hasta ahora la iniciativa no fue enviada al Parlamento.

El proyecto de ley prevé que se configure usura cuando la tasa de interés supere el 60% de las tasas promedio para préstamos bancarios del trimestre anterior cuando los créditos sean inferiores al equivalente a U$$ 120 mil. Cuando los préstamos excedan esa cantidad habrá usura cuando la tasa supere el 90% del promedio.

En el caso de los intereses por mora el tope será el 80% y 120% respectivamente.

Por el régimen vigente se configura usura cuando se supera el 75% de la tasa promedio y 100% en los casos de intereses por mora.

Los banqueros expresaron su temor por el impacto que la ley podría tener en los préstamos del segmento medio y pequeño, donde podría haber clientes que no podrían ser atendidos por los bancos.

Algunas fuentes incluso manejaron que habría incentivos para entrar en mora por parte de los clientes que están al día con su cuenta debido a los cambios en los topes propuestos para los créditos menores a U$S 120 mil.

Si bien el proyecto prevé que el Banco Central y el Area de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía extiendan el control sobre el mercado que hoy no está regulado, los ejecutivos dijeron "tener dudas" sobre el alcance de esa supervisión debido a que la disponibilidad de medios para ello es limitada.

El Ministerio de Economía y Finanzas y los bancos privados analizaron las modificaciones que el gobierno tenía previsto introducir en el régimen de los productos bonificados de las tarjetas de crédito.

Se trata de los casos en que la persona paga una parte del préstamo de una tarjeta y la otra se refinancia o refinancia el total de la compra, por lo que los intereses se calculan sobre el monto original y no sobre los saldos que surgen a partir de los sucesivos pagos.

Ante las dudas planteadas por los privados el gobierno dejó en suspenso la aplicación de los cambios.